Tegucigalpa. – El expresidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, advirtió en las últimas horas que, si Honduras acude a una demanda y la pierde por la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), sus reservas internacionales podrían ser embargadas.
Lo anterior luego que titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero, informó que Próspera de Roatán prepara una millonaria demanda contra el Estado hondureño, alegando daños y perjuicios a sus inversiones en Honduras.
La eventual demanda es de 10 mil 700 millones de dólares, de acuerdo a la información que divulgó Barquero.
En ese sentido, Facussé advirtió que, “si perdemos la demanda se embargan las cuentas, las reservas internacionales y se le paga al demandante”.
En entrevista al noticiero TN5 estelar, recordó que al momento de su creación todos los sectores reaccionaron y manifestaron su rechazo alegando que era inconstitucional.
Sin embargo, señaló que el proyecto fue aprobado en el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo garantizó con el marco jurídico.
El expresidente de la Andi agregó que cuando el Congreso Nacional derogó las Zede, no se hizo una evaluación de los impactos que podría tener la cancelación.
Refirió que los inversionistas de las Zede esperaban reunirse con el actual gobierno para llegar a un entendimiento, pero que éste no quiso reunirse, ni llegar a un acuerdo.
“Están procediendo con una demanda internacional acudiendo a una instancia de arbitraje y demandando el pago de 10 mil 700 millones de dólares por daños y perjuicios, que se está pidiendo recibir por los 50 años de concesión”, lamentó.
El empresario recordó que el tema de las Zede fue una herencia que dejó el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), pero que es una ley por la que los inversionistas acudieron a invertir y que debe de cumplirse.
Facussé subrayó que las inversiones que realizan los estadounidenses en el país están protegidas por los tratados internacionales, que están por encima de las leyes hondureñas.
“Todos nos indignamos, a nadie le gusta la situación, pero el inversionista extranjero no puede decir que la ley fue emitida por una CSJ que no tenía validez”, apuntó.
No descartó que Honduras sea condenada a pagar una fuerte suma de indemnización.
Enfatizó la urgencia de que el gobierno llegue a un arreglo con los inversionistas de las Zede, porque si no las repercusiones sobre Honduras serían graves.
