Tegucigalpa. – Un juez de designado de la Corte de Apelaciones notificó este jueves el sobreseimiento definitivo que deja en libertad a 11 diputados y exdiputados acusados de corrupción en un caso denominado como «Arca Abierta» por la supuesta malversación de 21 millones de lempiras de la ONG Planeta Verde.
La resolución del juez se dictó luego que la Corte de Apelaciones declaró no ha lugar un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y ha lugar el de la defensa por «concurrencia de falta de acción, en vista que la causa criminal no pudo proseguirse».
Lo anterior, debido a que los ex imputados solicitaron que se les aplicara una legislación que impide que la Fiscalía acuse si no hay un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Esta normativa se llama Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales.
La misma establece «dejar en suspenso cualquier otra acción administrativa, civil y penal», mientras el TSC «no concluya la investigación» y la auditoría especial.
Es decir, que la Fiscalía no puede hacer ninguna diligencia investigativa, como secuestrar documentos o pedir informes de movimientos bancarios, si el TSC previamente no ha emitido un informe de responsabilidad penal en el que indique que hay indicios de un delito contra la Administración pública.
En ese sentido, por la concurrencia de la falta de acción y siguiendo lo establecido en el Código Procesal Penal, no pudo seguir la acción judicial.
Cabe señalar que el pasado 14 de noviembre un juez de letras ya había sobreseído a los ex imputados acusados de corrupción y ahora la Corte de Apelaciones ratificó la decisión.
Los diputados que quedaron absueltos son: Juan Carlos Valenzuela; Gladis Aurora López; Gustavo Alberto Pérez; Welsy Milena Vásquez; Milton Jesús Puerto; Carlos Humberto Bonilla; Audelia Rodríguez; Hernán Enrique Vindel; Fabricio Puerto Oseguera; Óscar Arturo Álvarez y Gregorio Alberto González.
Asimismo, Estela Lisseth Muñoz Hernández; Arnold Gustavo Castro; Ana Lucia Castro López; Yajaira Lisbeth Talbbott; José Alejandro Flores Zúniga; Indira Virginia Osorio; Iveth Salomé Navas; Geovanny Castellanos Deras y Allan Arony San Martin.
El caso se derivó de una investigación presentada en diciembre de 2018 por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) sobre la malversación de 21.1 millones de lempiras de fondos públicos.
Según el caso, un grupo de 22 hondureños, entre ellos 11 diputados y exdiputados, se apropiaron de los 21.1 millones de lempiras que estaban en una cuenta bancaria a nombre de Planeta Verde, la cual supuestamente fue creada para proyectos de reducción de pobreza.
En febrero de 2021, Sala de lo Constitucional dejó sin valor las pruebas presentadas por la MACCIH.
De acuerdo con la resolución, los elementos de la valoración de la prueba resultaron ser inútiles para el fin probatorio de los delitos expuestos.
El caso «Arca Abierta» se trató del octavo caso presentado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic) con apoyo de la MACCIH, la cual terminó sus funciones en enero de 2020 luego que el Congreso Nacional (de mayoría del Partido Nacional, en ese entonces) no aprobó un segundo mandato de la Misión.
Por este caso fueron acusadas 21 personas, de las que cinco recibieron el sobreseimiento definitivo, seis el sobreseimiento provisional y once el auto de formal procesamiento.
De estos imputados únicamente el parlamentario, Edwin Pavón, había quedado libre de los cargos por su fallecimiento.
