Tegucigalpa – La Empresa Nacional Portuaria (ENP), está envuelta en un escándalo tras conocerse que designaron más de 1.8 millones de lempiras para la compra de juguetes, para hijos de los empleados.
Según un documento de la estatal, ese monto se usó para adquirir 532 artículos para los hijos de trabajadores, obedeciendo la cláusula 39 del XVI contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente.
En el escrito se observan valores de hasta siete mil lempiras por unidad, costos que desataron comentarios negativos en contra de la empresa.
La ENP se pronunció a través de un comunicado asegurando que la compra de juguetes se hizo en base a ley, respetando el acuerdo entre el sindicato y la empresa en mayo de 2021, y bajo el presupuesto solicitado por la anterior administración.
“Existe un proceso anual de entrega de juguetes de primera calidad, a los hijos de sus trabajadores, hasta la edad de 12 años”, establece el escrito.
Asimismo, indicó que los 1.8 millones de lempiras corresponden a la “selección de juguetes realizada por la comisión bipartita, cuidando que sean de la mejor calidad y aplicación para beneficio de los hijos de los trabajadores”.
Luego de trascender la información, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, señaló que comenzaron investigaciones y las diligencias las ejecutan fiscales de transparencia y combate a la corrupción pública y detectives de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
La investigación está encaminada a determinar un posible delito por denuncias hechas por la compra de un lote de juguetes que posteriormente fueron entregados a los empleados de la ENP por un monto de 1.8 millones de lempiras.
Detalló que dentro de las investigaciones se inició con el decomiso de documentos, se tomarán declaraciones para determinar si la compra está amparada en la Ley de Contratación del Estado.
Mora aseguró que una vez analizadas las pruebas se determinará si existe o no delito por parte de los encargados de hacer estas compras.
Tanto las autoridades de la ENP y el sindicato de trabajadores arguyen que la compra millonaria de juguetes se hizo en base a conquistas ganadas a través de muchos años de lucha. Los juguetes “son de primera calidad” para los hijos menores de 12 años de los empleados de la institución gubernamental.
