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Tegucigalpa

El embargo de fondos estatales pone en peligro la ejecución de proyectos gubernamentales

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Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, hizo esta afirmación en respuesta a las denuncias presentadas por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Díaz Gáleas y el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Rixi Moncada, quienes denunciaron una «red de corrupción público privada».

Según las denuncias, la cuenta del Estado ha sido embargada por una demanda de tres mil millones de lempiras que Honduras estaría obligada a pagar.

El vicepresidente del Congreso Nacional, en su declaración, señaló que la falta de transparencia y aplicación estricta de las leyes por parte de la Corte Suprema de Justicia y los juzgados ha sido un problema persistente en el país. Es necesario que la justicia se aplique de manera imparcial y objetiva para combatir la corrupción y proteger los intereses del Estado y de la ciudadanía.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) expresó su preocupación por los fallos absolutorios emitidos recientemente por diferentes salas del Poder Judicial y juzgados en relación a un acusaciones contra exfuncionarios del Partido Nacional.

Además, destacó que la resolución de un juzgado civil, coincidiendo con las elecciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia real, el 25 de enero.

El parlamentario oficialista señala que el rechazo por parte de una Corte de Estados Unidos a una petición similar indica que estas decisiones no están basadas en el estricto cumplimiento de la ley, sino que son altamente sospechosas.

Por lo tanto, ha instado al Ministerio Público un abrir investigaciones lo antes posible para determinar qué factores están influyendo en esta decisión, que no solo afecta las finanzas públicas, sino también la imagen de la actual administración de justicia del país.

Después de que la Corte Suprema de Justicia embargara la cuenta del Estado de Honduras, considera que es necesario conocer con detalle la resolución del juzgado que dictó la medida.

Se debe determinar si se trata de un embargo parcial o si obstaculiza completamente las finanzas públicas, de tal manera que los fondos estatales se encuentren congelados al momento de realizar los pagos en las Secretarías y otras actividades.

El exmandatario del Banco Central destacó que la congelación de los fondos estatales de tendría un efecto negativo en la capacidad del gobierno para realizar sus actividades cotidianas.

Mencionó que uno de los principios básicos de la Secretaría de Finanzas es devolver los fondos públicos a una cuenta única, ya que la dispersión de cuentas y fideicomisos había contribuido a la opacidad y la corrupción en la administración gubernamental.

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