Tegucigalpa – El día martes, una abogada fue detenida por intentar ingresar a una de las unidades de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional de Támara con drogas y artículos prohibidos.
La lucha contra el tráfico de estupefacientes se extiende incluso a los profesionales del derecho
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de la Policía para el Combate a las Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), la abogada fue detenida cuando intentaba introducir droga a escondidas en el penal de Tamara y burlar los controles de seguridad.
La abogada de 44 años conocida como Ana Mercedes Sosa ha sido aprehendida producto de medidas de control realizadas en el Centro Penal de Támara en las últimas horas. Según las investigaciones, fue sorprendida cuando intentaba ingresar varios paquetes que contenían presuntas drogas y otros elementos ocultos en botes de pintura.
Los agentes que intervinieron en este operativo afirman que mientras la abogada fue sometida a una serie de revisiones e inspecciones, las latas de pintura que pretendía ingresar fueron examinadas minuciosamente, lo que les permitió confirmar que en el fondo tenían compartimentos falsos donde se encontraban los paquetes con la supuesta droga que fueron escondidos, así como otros artículos como un encendedor, varias hojas de sierra para metales, un archivo y varias unidades flash USB, que serán el foco de una mayor investigación.
Las investigaciones ya han permitido confirmar a quién se le iba a entregar la supuesta droga, por lo que los procesos judiciales y de investigación continúan. Esta instancia pone en evidencia hasta qué punto las organizaciones criminales se han infiltrado en la nación, trabajando en conjunto con el sistema judicial para cometer delitos de esta naturaleza que ponen en peligro directo a toda la población carcelaria.
Según funcionarios de la DIPAMPCO, la División de Control de Centros Penitenciarios realiza estrictas inspecciones para evitar que los familiares y otros visitantes intenten representar una amenaza para la población carcelaria mediante el ingreso de drogas, armas o cualquier otro elemento que ponga en riesgo la seguridad del sistema penitenciario del país.
