Tegucigalpa. – Edmundo Orellana, titular de la Secretaría para la Transparencia y Lucha contra la Corrupción Pública, aseguró este martes que el interés que se ha generado entre los diputados del Congreso Nacional para discutir una Ley de Extradición que, a su juicio, beneficiará a varios parlamentarios hondureños vinculados a crímenes
Orellana cuestionó que «resulta sospechoso que algunos políticos estén interesados en esta iniciativa de Ley de Extradición pero no tengan interés en revisar el Código Penal, la Ley de Impunidad que se aprobó en el Congreso anterior, y derogar otros decretos que tanto daño han hecho a la país y que han favorecido la impunidad, la corrupción y el narcotráfico.
Una serie de diputados legislativos que están siendo investigados por los tribunales hondureños y hechos públicos en los EE.UU. por supuestas conexiones con el narcotráfico, aseguró el exfiscal general, se beneficiarían con la aprobación de esta ley.
El proceso judicial de extradición en Honduras se rige actualmente por un acuerdo que fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia en 2013.
Luego de que el Congreso Nacional reformara el artículo 102 de la Constitución, se creó este mecanismo.
Similar al de Estados Unidos en 1927, se han realizado acuerdos de extradición con otros países.
Pero desde hace un tiempo, diferentes grupos políticos han estado instando a la promulgación de una ley única.
Orellana aseguró que la normativa de extradición sería un laberinto que alargaría el proceso, que actualmente demora 100 días desde la solicitud hasta la entrega.
Aseveró que es muy probable que estos individuos tengan un impacto en la estructura de la ley y dificulten su comprensión para que los extraditables no puedan ser devueltos a Estados Unidos.
Al respecto, consideró que antes de discutir el tema, era necesario asegurarse de que la cámara legislativa esté libre de delincuencia organizada, es decir, que los diputados que la apoyan no estén involucrados en ningún delito por el cual puedan ser objeto de extradición.
El partido Libertad y Refundación (Libre), afín al gobierno, ve necesaria la aprobación de una ley de extradición, pero prometen consultar a la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) para obtener recomendaciones que garanticen que protege los derechos constitucionales y que es una ley de dos -calle de paso.
“Creemos que desde hace bastante tiempo hay extradiciones con países con los que tenemos convenios, sin tener una ley”, dijo Rafael Sarmiento, titular de la bancada de Libre.
Rebeca Ráquel, presidenta del Poder Judicial, afirmó recientemente que las extradiciones se deben hacer con apego a la ley y no al orden pactado como se vienen haciendo desde 2014.
Un total de 36 hondureños han sido juzgados o están siendo juzgados en Estados Unidos por narcotráfico desde 2014 tras entregarse o ser entregado durante la extradición.
El expresidente Juan Orlando Hernández, alias JOH, y el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, son dos de los ciudadanos del país que fueron entregados a las autoridades estadounidenses. «.
