Tegucigalpa – Un juez de sentencia del circuito de tribunales especiales en materia de corrupción condenó en las últimas horas a 11 años de prisión y al pago de 11 millones de lempiras al expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Olvin Mejía en la audiencia de la individualización de la pena.
Cabe recordar que el 7 de septiembre pasado el tribunal dictó sentencia condenatoria contra Mejía Santos, al encontrarlo culpable por el delito de apoderamiento de fondos privados de jubilaciones y pensiones del Instituto de Previsión del Profesional de Derecho.
En ese sentido, en la audiencia de este jueves el juzgado de sentencia condenó a Mejía a ocho años en prisión y el pago de una multa de más de 11 millones de lempiras.
La sentencia se determinó, luego que Mejía, y los otros seis implicados, Josué Argeñal Cerrato, Pastor Eliut Valladares Romero, Óscar Reinaldo Casco, Francisco Arnulfo Valladares, Héctor Rodolfo Andino Maldonado y Rossel Arturo Euraque López, fueran encontrados culpables en el de apoderamiento de fondos.
De acuerdo con la documentación, Olvin Mejía y otro de los acusados, cambiaron más de 200 cheques valorados en más de 200 mil lempiras, cada uno, en dos períodos consecutivos (2008-2012).
Este caso es la primera línea de investigación que se presentó por corrupción en ese instituto de previsión e inicialmente el Ministerio Público acusó por un concurso real de 191 delitos de apoderamiento de fondos privados de jubilaciones y pensiones, no obstante, ante el criterio técnico del Tribunal, se analizará una eventual interposición del recurso de casación.
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción condenó además al Gerente General de ese instituto de previsión, Josué Argeñal Cerrato y al auditor interno Héctor Rodolfo Andino Maldonado, por el delito de apoderamiento de fondos privados de jubilaciones y pensiones, por lo que fueron condenados a ocho años de reclusión.
En el caso de Pastor Eliut Valladares, Oscar Reynaldo Casco, Francisco Arnulfo Valladares y Rossel Arturo Euraque López, fueron encontrados culpables por el delito de apoderamiento de fondos privados a título de cómplices, con una pena que podría oscilar entre cuatro y ocho años de prisión.
Según los antecedentes del caso, los agentes de tribunales presentaron requerimiento fiscal una vez que se concluyeron las investigaciones por parte de la agentes del Departamento de Investigación de los delitos en contra de la administración pública de la ATIC, por las denuncias interpuestas ante sede fiscal, en el sentido que, los arriba descritos asumiendo diferentes posiciones dentro y fuera del Colegio, incurrieron en una serie de acciones dolosas en relación al manejo administrativo y financiero del Instituto de Previsión Social de profesionales del derecho, específicamente en lo relativo al seguro por muerte y otros beneficios de los afiliados, irregularidades detectadas a partir de una auditoría practicada en el año 2013.
Por decisión fiscal y dadas las denuncias formalizadas posterior a la práctica de la auditoría, se investigaron las juntas directivas del colegio en mención correspondientes a los periodos 2008-2010, 2010-2012.
De la investigación hecha por el MP se pudo establecer para el caso, que personas ajenas, no causantes de agremiados, recibieron o se beneficiaron con el pago de cheques por seguro de muerte.
Según la pericia financiera, bajo procedimientos fraudulentos y en este orden de ideas se produjo un perjuicio de treinta millones, 255 mil, 807 lempiras con 35 centavos al patrimonio del Instituto de Previsión de Profesionales del Derecho.
Por este caso, el MP aseguró una gran cantidad de bienes considerados de origen ilícito a los implicados, entre ellos al extinto presidente del CAH, Oscar García.
