Tegucigalpa – Rafael Sarmiento, titular de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), declaró que el Congreso Nacional (CN) iniciará el proceso de socialización de la Ley de Justicia Fiscal del Poder Ejecutivo la próxima semana.
Para evitar decir: “Vimos que durante doce años la tributación de alguna manera ha creado migración (hondureños) y tampoco ha generado el empleo que esperábamos, por tanto, es una nueva oportunidad para más justicia social y de percibir ingresos para el Estado los cuales podrían ir a las sensibles secretarías de Educación y Salud”, el parlamentario oficialista se alejó del tema.
Además, los anteriores que gozaban de exenciones fiscales podrán beneficiarse de la creación de dos regímenes únicos de desarrollo.
Por eso, el diputado departamental de Olancho consideró crucial mantener un equilibrio en el que los grandes empresarios paguen íntegramente sus deudas y los que han hecho todo correctamente lo hagan sin abusar de exoneraciones.
Sarmiento afirmó que el Proyecto de Ley de Justicia Fiscal no perjudica a las pequeñas y medianas empresas, por lo que considera que son necesarias discusiones o aportes desde las bancadas del Congreso para que el marco legal sirva al desarrollo de la nación.
Muchos grupos sociales e industrias no están de acuerdo con los objetivos del Proyecto de Ley de Justicia Fiscal.
En un comunicado, el Colegio de Economistas de Honduras (CHE) expresó su convicción de que tanto los regímenes como las exenciones tributarias no pueden eliminarse rápida y abruptamente, sino que deben ser objeto de revisiones periódicas para evitar la creación de incertidumbre.
La eliminación abrupta de los regímenes y exenciones tributarias mencionadas en el proyecto de ley, dijo, no se aconseja en el corto plazo.
La gradualidad de acuerdo con las revisiones de estos beneficios fiscales, continuó, “es de vital importancia para no generar incertidumbre en los participantes, debiendo crear los mecanismos de revisión de cada uno de ellos y mejorar los controles en su aplicabilidad, fortaleciendo las instituciones responsables”. para ellos velar por su observancia”.
Para evitar un efecto negativo en la actividad productiva de la nación y en el empleo, particularmente en tiempos de incertidumbre en los que se anticipa una desaceleración, enfatizó que “cada industria y rubro tiene sus particularidades específicas que ameritan la valoración y revisión individual con el fin de no generar impactos negativos en la actividad productiva del país y en el empleo, en especial en tiempos de incertidumbre en los que se prevé una desaceleración económica a nivel mundial y una persistencia de la inflación más prolongada de lo previsto”.
La economía global y la persistencia de la inflación más larga de lo esperado.
La CHE instó al diálogo técnico y responsable para buscar, resolver y negociar alternativas viables que promuevan la calidad de vida de la población y el crecimiento económico.
“Que el respeto al secreto bancario es una norma internacional basada en el derecho del cuentahabiente, que su información debe ser manejada con sigilo, por lo que este principio debe ser respetado. Las autoridades ya cuentan con herramientas para realizar investigaciones necesarias a través de auditorías y otros mecanismos”, indicó.
Sin embargo, se recomienda que “siempre y cuando se reconozca como créditos los pagos de impuestos realizados en el extranjero, ya que, según los datos presentados por la Administración Tributaria de Honduras, desde que se cambió al principio de renta territorial se dejaron de recaudar aproximadamente 57,000 millones de lempiras en impuestos entre 2017 y 2023”, aunque la iniciativa gubernamental busca volver al principio de renta global.
Por su parte, el director del Foro Social sobre Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdett, mencionó que “no se niega que hay algunas iniciativas que están planteadas allí (en la Ley de Justicia Tributaria) que requieren revisión que a la larga pueden incrementar el costo de la vida y que absolutamente pueden impactar directamente en el bienestar de la clase media y los pobres”.
Si aumenta la recaudación de impuestos, ¿para qué la usaremos? ¿Lo usaremos para financiar un presupuesto inasequible o seguiremos desperdiciando el trabajo de millones de hondureños?
La presidenta Xiomara Castro aún no ha dado su visto bueno a la nueva Ley de Justicia Fiscal que ha elaborado el Servicio de Administración Tributaria (SAR).
El proyecto, que será presentado al Congreso Nacional, considerará inicialmente la supresión de 16 de los 18 regímenes de exoneración que existen actualmente, además de una auditoría de las exoneraciones vigentes.
Pedro Barquero, secretario de Desarrollo Económico, aseguró que debido a que el proyecto será compartido con una empresa privada, no se ha terminado y puede experimentar cambios.
“Ese proyecto es interno del SAR, no ha sido discutido en el gabinete económico ni tampoco cuenta con la aprobación de la Presidenta, es más, la Presidenta ha dado la instrucción de que nos reunamos con el sector privado y poder analizar el tema el miércoles de esta semana con el Cohep”, declaró.
A la discusión se unió Laura Dogu, la embajadora estadounidense en la nación, quien expresó su preocupación por la eliminación propuesta de los incentivos fiscales y sugirió que se considere cuidadosamente. “Con las exoneraciones las empresas han decidido venir a invertir, si las exoneraciones son derogadas en una forma radical habrá que tener mucho cuidado”, dijo.
Según Dogu, eliminar las exenciones podría perjudicar la inversión extranjera. “El tema de exoneraciones es sumamente importante para el gobierno al contar con recursos, los cambios hay que hacerlos con mucho cuidado ya que si se hacen cambios radicales toda la inversión puede salir”, dijo.
El diplomático dijo que “más importante es mantener la inversión que ya existe en el país porque esta inversión puede salir muy rápido”.
