El líder juvenil Guillermo Incer, de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), anunció este viernes «una movilización cívica y pacífica el próximo miércoles» en Managua, como parte «de la jornada de conmemoración del primer año de resistencia».
– La convocatoria es marchar el próximo miércoles con motivo del aniversario del inicio de las movilizaciones antigubernamentales que fueron duramente reprimidas y dejaron cientos de muertos y detenidos
La jornada es promovida por la UNAB, integrada por más de 70 grupos de oposición que se unieron tras la represión gubernamental contra las protestas que estallaron el 18 de abril de 2018, y que dejó 325 muertos, cientos de detenidos y miles de exiliados.
«A un año de la insurrección cívica y pacífica de abril volvemos a las calles. Debemos salir a manifestarnos porque un pueblo en las calles, es un dictador derrotado», dijo la dirigente Wendy Juárez, al leer la convocatoria en rueda de prensa.
Informó que ya solicitaron permiso a la policía para marchar, pese a que en ocasiones anteriores les han negado el derecho bajo cargos de causar «graves alteraciones al orden público».
«La marcha va o va, diga lo que diga la policía», advirtió Wilfredo Navas, de la UNAB.
La coalición instó además a la población a participar en las actividades religiosas de Semana Santa «recordando a las víctimas y las causas por las cuales ofrendaron sus vidas».
Los opositores demandan la salida de Ortega, de 73 años, quien gobierna desde hace 12 años, por la violencia y las muertes ocurridas en las protestas, a manos de policías y paramilitares.
El gobierno de Ortega, por su lado, acusa a los opositores de intentar un golpe de estado con el apoyo de Estados Unidos, y descalifica sus acciones como «terroristas».
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Acciones concretas
El derecho a la manifestación y la liberación de los manifestantes presos son parte de los compromisos que el gobierno asumió en el diálogo que sostuvo con la oposición entre el 27 de febrero y el 3 de abril para intentar resolver la crisis en el país.
Este viernes, la oposición exigió al gobierno «acciones concretas» en el cumplimiento de esos acuerdos.
«Quince días han pasado sin que los presos políticos hayan sido liberados, sin poder manifestarnos libremente y sin que los exiliados puedan regresar a su país con las garantías mínimas de seguridad», denunció la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que participó en las negociaciones con el gobierno.
El gobierno, por su parte, sostuvo en un comunicado que «está comprometido con el responsable cumplimiento de todos los acuerdos logrados y que se logren en la mesa de negociación».
«Basta ya de comunicados engañosos, exigimos acciones concretas del gobierno»,reclamó la Alianza, que también forma parte de la UNAB.
Las partes cerraron sus negociaciones el 3 de abril con acuerdos parciales sobre la liberación de presos y el restablecimiento de garantías constitucionales, incluido el derecho de protesta.
Sin embargo, la policía les ha negado a los opositores celebrar manifestaciones en las calles.
El Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja en la conciliación de las listas de presos, debido a que la alianza insiste en que unas 800 personas han sido detenidas por protestar, mientras que el gobierno ha dado cifras diferentes, la más amplia de 350 personas.
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Lejos de solución negociada
La delegación del gobierno, que preside el canciller Denis Moncada, insistió en que las negociaciones con la oposición continúan, mientras la alianza aclaró que solo mantienen reuniones de coordinación para dar seguimiento a lo acordado.
El diálogo terminó sin consenso sobre el tema de la democratización del país, que incluye la propuesta opositora de adelantar los comicios de 2021 y la demanda de justicia para las víctimas de la represión.
La ACJD dijo que «la posibilidad de una solución negociada a la actual crisis se aleja cada vez más por falta de intereses del gobierno».
Ante el estancamiento del diálogo, la delegación de parlamentarios europeos que visitó Nicaragua en enero pasado informó este viernes que pedirá a la Unión Europea (UE) que «inicie un proceso de sanciones al régimen de Ortega», según dijo el diputado español Ramón Jáuregui en Twitter.
Por Blanca Morel (AFP)
