Tegucigalpa, Honduras. – El nombre de la abogada Corazón de María Bocanegra Murcia volvió este sábado a los titulares de la justicia hondureña, pero esta vez por un delito diferente al que la señaló hace cinco años como presunta autora intelectual del asesinato de su propio esposo.
Las autoridades la capturaron este sábado acusada del delito de usurpación de personalidad, al haber utilizado presuntamente una identidad que no le correspondía en perjuicio de una magistrada y de la fe pública, en un caso que aún permanece bajo investigación en cuanto a los fines específicos que perseguía con esa suplantación.
Para entender la dimensión real de esta captura hay que retroceder hasta febrero de 2020, cuando el abogado Gabriel Chacón, esposo de Bocanegra, fue asesinado en la residencial Las Uvas de la capital en un hecho que sacudió a la sociedad hondureña.
Un año después, el Ministerio Público señaló a la propia viuda como la presunta mente detrás del crimen, quien junto a su hermana Suyapa Bocanegra, una menor de edad y tres pandilleros habría orquestado el asesinato mediante llamadas telefónicas con un móvil tan frío como concreto: apoderarse de los bienes del fallecido y cobrar un seguro de vida.
Aunque en etapas anteriores del proceso Bocanegra Murcia logró obtener un sobreseimiento que la mantuvo fuera de prisión, ese capítulo no está definitivamente cerrado. La Fiscalía mantiene una apelación pendiente en los juzgados de la capital, lo que significa que el proceso por el asesinato de su esposo sigue vivo en el sistema judicial y podría reactivarse según el resultado de esa impugnación.
La figura de Bocanegra Murcia también tiene una dimensión política que no pasa inadvertida. La detenida es hermana de Francisco Javier Bocanegra Murcia, quien ocupó el cargo de director del Instituto de la Propiedad (IP) durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro, un vínculo que sitúa el caso en un contexto más amplio en el que los nexos entre el poder político y los actores del sistema jurídico vuelven a quedar expuestos.
Con la nueva acusación por usurpación de personalidad sumada al proceso pendiente por el crimen de 2020, la abogada enfrenta ahora dos frentes legales simultáneos que las autoridades describen como un cuestionamiento profundo a su conducta frente a la fe pública y al funcionamiento del sistema de justicia hondureño, en un expediente que con cada nuevo capítulo se vuelve más difícil de ignorar.
