Tegucigalpa, Honduras. – Los recientes procesos de juicio político realizados en el Congreso Nacional han dejado al descubierto serias debilidades estructurales en su aplicación, generando preocupación por su impacto en el control constitucional, el respeto a los derechos humanos y la estabilidad democrática del país.
Así lo advirtió el abogado Alex Navas, quien cuestionó duramente la forma en que se han desarrollado estos procedimientos, señalando que carecen de la rigurosidad y solemnidad que deberían caracterizar un mecanismo de esta naturaleza.
“El Congreso Nacional no ha demostrado estar preparado para llevar a cabo estos procesos. Lo que se ha visto son conjeturas más que pruebas sustanciales, lo cual debilita la credibilidad del mecanismo”, expresó el profesional del derecho.
Navas recordó que hasta el momento cinco altos funcionarios han sido separados de sus cargos a través de estos juicios, entre ellos el Fiscal General Johel Zelaya y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán.
El abogado, exmiembro de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), comparó los estándares aplicados en el Congreso con los de juzgados de menor jerarquía, concluyendo que incluso estos últimos muestran mayor formalidad.
Entre las principales falencias identificadas destacó la falta de reglamentación clara, la ausencia de garantías procesales como el acceso oportuno al expediente, el derecho pleno a la defensa, la posibilidad de debatir pruebas y testigos, y mecanismos efectivos de protección ante posibles violaciones.
Navas hizo referencia a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Gutiérrez Navas y López Lone contra el Estado hondureño, que establecen estándares claros que, según él, no se están respetando.
Defendió además la procedencia del recurso de amparo interpuesto por algunos de los funcionarios afectados, argumentando que se trata de una herramienta legítima para proteger derechos fundamentales.
“El amparo es una herramienta legítima cuando hay afectación de derechos fundamentales. Lo que se busca, en última instancia, es agotar la vía interna para acudir al sistema interamericano”, explicó.
El jurista advirtió que, de llegar estos casos a la Corte Interamericana, existe una alta probabilidad de que el Estado hondureño sea condenado, lo que traería no solo costos económicos, sino también un serio daño a la imagen internacional del país.
Finalmente, Navas hizo un llamado a los funcionarios públicos para que ajusten sus actuaciones a la Constitución y las leyes, con el fin de evitar que los juicios políticos se conviertan en instrumentos de revancha y fortalezcan, en cambio, el Estado de derecho en Honduras.
