Tegucigalpa, Honduras. – El abogado Fernando González presentó este lunes una denuncia criminal en el Ministerio Público en contra de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, acusando que en la sesión donde se aprobó el decreto 58-2025 que ordena un recuento de actas de las elecciones generales solo hubo 64 diputados y que usurparon curules de otras fuerzas políticas.
«También es un delito la usurpación de curules y será en el devenir de la investigación del Ministerio Público el grado de participación que tuvieron cada uno de los diputados en esta atrocidad de aprobar el decreto legislativo», declaró González a periodistas tras presentar la acusación formal.
El jurista comentó que los diputados suplentes solo pueden suplir a un congresista de la bancada de ellos, estableciendo que la presencia de suplentes de oposición en una sesión convocada por el oficialismo configuraría usurpación de funciones al ocupar escaños sin autorización de sus bancadas respectivas.
En la sesión de la semana pasada, el Congreso Nacional aprobó con solo la presencia de diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) y pocos suplentes de la oposición el decreto 58-2025 que ordena el recuento de actas, sin alcanzar el quórum constitucional requerido para asuntos electorales.
González manifestó que la cifra de 64 diputados presentes en la sesión es significativamente inferior a los 86 votos de mayoría calificada que la Constitución exige para aprobar disposiciones en materia electoral, configurando una violación flagrante del procedimiento legislativo establecido.
La denuncia criminal presentada ante el Ministerio Público busca que la Fiscalía investigue el grado de participación individual de cada legislador que participó en la sesión cuestionada, determinando responsabilidades penales específicas por la aprobación del decreto sin cumplir requisitos constitucionales.
El abogado calificó como «atrocidad» la aprobación del decreto legislativo, utilizando un término que sugiere la gravedad de las irregularidades cometidas durante la sesión extraordinaria convocada por la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
La acusación de usurpación de curules se basa en que diputados suplentes de bancadas opositoras habrían ocupado escaños sin la designación formal de sus respectivos partidos, participando en una sesión oficialista para aprobar un decreto que desconoce la declaratoria del Consejo Nacional Electoral.
González argumentó que los suplentes únicamente tienen facultad para sustituir a congresistas titulares de su misma bancada política, no pudiendo ser convocados por la Comisión Permanente para sesiones donde sus partidos no tienen representación o autorización para participar.
La denuncia criminal se suma a los cuestionamientos legales que enfrenta el decreto 58-2025, incluyendo pronunciamientos de juristas que lo consideran inconstitucional y acusaciones de que constituye delito de traición a la patria por intentar usurpar funciones del organismo electoral.
El abogado señaló que será el Ministerio Público quien determine, mediante investigación, el nivel de responsabilidad criminal de cada legislador que participó en la sesión, abriendo la posibilidad de que enfrenten consecuencias penales individuales por su participación en la aprobación irregular.
La presencia de «pocos suplentes de la oposición» en la sesión dominada por Libre sugiere que algunos legisladores suplentes de partidos opositores participaron en la votación, configurando potencialmente tanto usurpación de curules como traición a sus propias bancadas políticas.
La Comisión Permanente del Congreso Nacional convocó la sesión extraordinaria que aprobó el decreto, un procedimiento que juristas han cuestionado argumentando que asuntos de trascendencia electoral requieren sesión del pleno legislativo completo, no de una comisión con facultades limitadas.
El hecho de que solo 64 diputados participaran en la sesión, combinado con la acusación de usurpación de curules, evidencia que el oficialismo no contaba con los votos necesarios y recurrió a mecanismos irregulares para aprobar el decreto que ordena desconocer la declaratoria del CNE.
La denuncia criminal presentada por González abre la posibilidad de que legisladores que participaron en la sesión enfrenten proceso penal por usurpación de funciones, falsedad y otros delitos relacionados con la violación de procedimientos constitucionales para aprobar legislación electoral.
El término «atrocidad» utilizado por el abogado para caracterizar la aprobación del decreto refleja la percepción de sectores jurídicos sobre la gravedad de las irregularidades cometidas, equiparando las acciones legislativas a actos que atentan gravemente contra el orden constitucional.
La investigación que solicita González al Ministerio Público determinaría no solo la legalidad del decreto sino también responsabilidades penales individuales, creando precedente sobre consecuencias criminales para legisladores que aprueban normas violando procedimientos constitucionales establecidos.
