Tegucigalpa.- El abogado Hermes Ramírez interpuso este viernes dos acciones en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del decreto 58-2025, el cual ordena un nuevo recuento de las actas de las elecciones generales.
– Este decreto, según Ramírez, usurpa funciones exclusivas del CNE al ordenar un nuevo recuento de actas y pretende anular la declaratoria de Nasry Asfura como presidente, violentando la Constitución y la autonomía del órgano electoral.
Ramírez argumenta que este decreto busca anular la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) que da como ganador y nuevo presidente a Nasry Asfura.
En su escrito, el jurista señaló que el decreto 58-2025 usurpa funciones exclusivas del CNE y se las atribuye al Congreso Nacional, un poder que, según la Constitución de la República, no posee esta facultad. Ramírez indicó que su objetivo principal es que se decrete la admisión de la acción y se otorgue una medida cautelar de suspensión provisional del decreto, así como de cualquier acto derivado, como el recuento de actas o la asunción de funciones del Congreso Nacional en materia electoral.
Ramírez sostuvo que su interés legítimo es proteger a Honduras y respetar la decisión del CNE de declarar a Asfura como ganador para los próximos cuatro años. El profesional del derecho advirtió que el riesgo de este decreto es que «daña grave e irreparablemente la Constitución, la autonomía del CNE y la voluntad de los hondureños».
Consideró que la intervención de la Sala de lo Constitucional es necesaria para garantizar el imperio de la Constitución, frenar el intento de «autogolpe» y que se respete el voto de los hondureños.
La segunda acción constitucional presentada por Ramírez exige la suspensión del auto reclamado del decreto, argumentando que vulnera el principio de supremacía constitucional, la alternancia en el poder y la defensa del orden jurídico constitucional.
Estas acciones legales se presentan en un contexto de alta tensión postelectoral, donde la legitimidad de los resultados y la institucionalidad democrática están siendo fuertemente debatidas por diversos actores políticos y sociales.
