Tegucigalpa — El abogado Fernando González ha solicitado protección para su clienta, la exfiscal Nilia Ramos, tras su reciente comparecencia ante el Ministerio Público (MP). González afirmó que Ramos ha recibido amenazas y que, de ser necesario, considerarán solicitar asilo político en otro país para garantizar su seguridad.
Durante una breve declaración a los medios, González expresó su preocupación por la situación de su defendida. «Sí, recibió amenazas, pero no puedo revelar más información al respecto», indicó el abogado, enfatizando la gravedad del asunto.
Además, señaló que si las autoridades no pueden garantizar la seguridad de Ramos dentro del territorio nacional, explorarán la posibilidad de buscar refugio en el extranjero. «Está abierta una ventana inclusive para buscar asilo político», añadió.
González también se refirió al expediente en cuestión, señalando que actualmente se encuentra en manos del Ministerio Público. «Me imagino que Arístides González pudo haberlo enviado a la DEA, no sé. Los videos los tiene el Ministerio Público», comentó, sugiriendo una posible falta de institucionalidad en el manejo del caso.
«No se debe instrumentalizar una institución que, según el artículo 232 constitucional, es para representar los intereses de la sociedad. Una vez que se instrumentaliza el Ministerio Público, creo que cualquier cosa puede suceder», sostuvo.
El abogado aclaró que Nilia Ramos no era la fiscal encargada del caso al que se hace referencia. «Vuelvo, reitero y repito: el expediente existió, pero ella no era la encargada del caso. Lo vio, sí, pero estamos hablando de más de una década atrás, y todos sabemos que en el Ministerio Público hay jerarquías», explicó.
Al ser consultado sobre detalles adicionales, González se limitó a decir: «El Ministerio Público tiene voceros y personas encargadas de la información que pueden dar extractos de lo que pueda suceder». Concluyó sus declaraciones destacando la importancia de que las instituciones funcionen correctamente y sin influencias externas.
La situación ha generado inquietud en círculos legales y de derechos humanos, quienes abogan por la protección de funcionarios y exfuncionarios que puedan estar en riesgo debido a su labor. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido un comunicado oficial al respecto.
La posibilidad de que Ramos busque asilo político subraya las preocupaciones sobre la seguridad de aquellos involucrados en casos sensibles. Organizaciones nacionales e internacionales estarán atentas al desarrollo de este caso y a las acciones que tomen las autoridades para garantizar la integridad de la exfiscal.
