Abogados presentan proyecto de amnistía política para tres generales acusados por muerte de Isy Obed Murillo en 2009

La iniciativa beneficiaría a Romeo Vásquez (clandestino), Venancio Cervantes y Carlos Puerto (presos en Támara) además de cuatro civiles acusados de terrorismo, mientras madre de exempleado del CNE solicita incluir a cuatro jóvenes utilizados como "chivos expiatorios" por caos en primarias.

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Tegucigalpa, Honduras. – Un grupo de abogados remitió al Congreso Nacional un proyecto de amnistía política que favorecería a tres generales en retiro de las Fuerzas Armadas y cuatro ciudadanos civiles acusados por persecución política, extinguiendo la acción penal en procesos cuando exista duda razonable, pruebas insuficientes o motivación ideológica.

Los beneficiados serían el exjefe castrense Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, acusados de los delitos de asesinato y tentativa de asesinato por la muerte del joven Isy Obed Murillo el 5 de junio de 2009 durante la crisis por la destitución del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Cervantes y Puerto están privados de libertad en la cárcel de Támara, mientras que Vásquez se encuentra en la clandestinidad evadiendo a las autoridades, aunque el abogado Jaime Rodríguez manifestó que este proceso judicial contra los generales es por temas políticos más que judiciales.

La amnistía también abarcaría a los ciudadanos Arcadio López, Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Gerardo Enrique Galeano, acusados del delito de terrorismo por planear un atentado contra el expresidente Manuel «Mel» Zelaya, ampliando el alcance de la propuesta legislativa.

Uno de los familiares de exempleados del Consejo Nacional Electoral acusados por el caos en los comicios primarios solicitó que incluyan a cuatro jóvenes en el proyecto: Dennis Emilio Hércules, José María Pastrana Sánchez, Juan Carlos Canales Lobo y Raúl Amílcar Rivera, acusados por fraude y violación de deberes de funcionarios.

La madre de Dennis Hércules, Luz María Hércules, manifestó que el caso está estancado en la Corte de Apelaciones cumpliendo un año sin resolución, mientras los jóvenes no pueden conseguir empleo porque se dañó su integridad, denunciando que su hijo fue utilizado como «chivo expiatorio» por el gobierno anterior.

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