Un juez federal otorgó el viernes otra contundente victoria a los opositores al aborto en Estados Unidos, al retirar la autorización para comercializar la píldora abortiva mifepristona, aprobada hace más de dos décadas y utilizada cada año por cientos de miles de estadounidenses.
Diez meses después del histórico fallo de la Corte Suprema que le dio a cada estado del país la libertad de decidir sobre el aborto en su territorio, el magistrado Matthew Kacsmaryk, conocido por su postura conservadora, emitió desde el estado de Texas (sur) una decisión que se supone debe aplicarse en todo el país.
Uno de sus colegas en el estado de Washington consideró, sin embargo, que la autorización de comercialización de la mifepristona (RU 486) no podrá retirarse en al menos 12 estados demócratas.
Por lo tanto, le corresponderá a la Corte Suprema, cuya composición fue reformulada por el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) durante su mandato y con mayoría conservadora, aclarar la situación.
El fallo del juez Kacsmaryk no tendrá vigencia inmediata porque le dio al gobierno tiempo para apelar, algo que el Departamento de Justicia ya anunció este mismo viernes que hará.
Las reacciones a la decisión no tardaron.
“Mi administración peleará esta decisión”, anticipó el presidente Joe Biden en un comunicado difundido por la Casa Blanca.
Si se mantiene este fallo, cada medicamento regulado será vulnerable a “esta clase de ataques ideológicos y políticos”, agregó el mandatario demócrata.
Antes, el fiscal general y secretario de Justicia, Merrick Garland, había manifestado en un comunicado que el gobierno de Biden “está totalmente en desacuerdo con la decisión” del tribunal, y que el fallo “contraviene la opinión experta de la FDA (la agencia federal que decide sobre los medicamentos, ndlr), dictada hace más de dos décadas, de que la mifepristona es segura y eficaz”.
Para la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, esta “decisión sin precedentes de hoy amenaza los derechos de las mujeres en el país a tomar decisiones sobre su salud y su capacidad a acceder a los medicamentos recetados por sus médicos”.
En un expediente de 67 páginas, el juez texano validó la mayoría de los argumentos de la denuncia presentada en noviembre por una coalición de médicos y organizaciones antiaborto contra la FDA (Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos).
Kacsmaryk, quien lleva el caso en una corte federal de Amarillo, Texas, fue nombrado por Donald Trump y ratificado por el Senado en 2019. Es un cristiano conservador con un historial personal de oposición al aborto.
El magistrado tomó en cuenta estudios sobre los riesgos atribuidos a esta píldora abortiva, que son considerados insignificantes por la mayoría de la comunidad científica. También acusa a la FDA de no seguir sus procedimientos para buscar un objetivo político.
“Hay evidencia que indica que la FDA enfrentó una intensa presión política para renunciar a sus precauciones de seguridad con el fin de promover el objetivo político de ampliar el acceso al aborto”, fundamentó Kacsmaryk, quien era abogado de una organización cristiana antes de ser nombrado juez federal por Donald Trump.
Precedente peligroso
Para Alexis McGill Johnson, presidente de la influyente organización de planificación familiar Planned Parenthood, que dirige muchas clínicas de aborto en el país, se trata de una decisión “profundamente perjudicial”.
“Todos deberíamos estar indignados de que un juez pueda rechazar unilateralmente la evidencia médica” para contradecir a la FDA, agregó, y enfatizó que esta decisión podría tener consecuencias “mucho más allá del aborto”.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, criticó a “un juez activista que actúa fuera de la ley y sienta un precedente peligroso”.
De su lado, el grupo opositor al aborto SBA Prolife America, para el cual esta pastilla pone en riesgo la salud de quien la toma, elogió la decisión, que consideró “una victoria para la salud y la seguridad de las mujeres y las niñas”.
Su directora de Asuntos Políticos, Katie Glenn, dijo tener la esperanza de que “pronto se corrija el peligroso desprecio por la vida de las mujeres mostrado durante dos décadas por la FDA”.
Pero aunque la justicia finalmente decidiera suspender la autorización de la FDA, probablemente pasarían varios meses antes de que se aplique su decisión.
Según expertos en derecho sanitario, el regulador de medicamentos debe seguir un procedimiento estricto antes de retirar la autorización de un producto.
Las mujeres y los médicos también podrían recurrir a una segunda pastilla, el misoprostol, cuyo uso se combina hoy con mifepristona para mayor eficacia y menor dolor.
“No permitiremos que esta injusta decisión impida el acceso a las pastillas abortivas”, que pueden ser enviadas por “vías alternativas”, ya ha indicado Elisa Wells, fundadora de la organización Red Plan C.
Parte de un tratamiento compuesto por dos medicamentos que se usa para el aborto, la mifepristona puede ser utilizada en Estados Unidos durante las primeras 10 semanas de embarazo.
Tiene un largo historial de seguridad y la FDA estima que 5,6 millones de estadounidenses la han usado para interrumpir embarazos desde que fue aprobada en el 2000.
