Activistas de derechos humanos pidieron a República Dominicana suspender las deportaciones hacia la vecina Haití, donde crece la cantidad de personas que tratan de huir de la crisis y la violencia pandillera.
Por AP
Camionetas con jaulas acondicionadas han estado transportado cada día a decenas de haitianos desde un centro de detención en San Cristóbal a la frontera entre los dos países, que comparten la isla de La Española, en momentos en que la violencia de las pandillas tiene paralizada a la capital haitiana.
“Si el gobierno podría posponer o disminuir este impulso de estas deportaciones sería un logro, sería un aporte importante a la población haitiana”, declaró William Charpentier, coordinador de la Coalición Nacional para Migraciones y Refugiados, una organización basada en República Dominicana.
Añadió que su organización ha recibido denuncias de que autoridades dominicanas han estado irrumpiendo en hogares y arrestando a personas que creen que son haitianas, rompiendo pertenencias y en ocasiones extorsionándolas.
Naciones Unidos también ha llamado a la República Dominicana y a otros países a suspender las deportaciones, señalando que Haití es extremadamente inseguro.
Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, dijo a reporteros que las deportaciones son resultado de una política de seguridad nacional y que no hay alternativa que continuarlas.
“Lo hacemos respetando los convenios internacionales y los tratados de derechos humanos. No somos perfectos, de vez en cuando ocurren situaciones, tratamos de corregirlas inmediatamente”, respondió la semana pasada al ser preguntado sobre las denuncias de abusos.
Más de 23.900 personas han sido deportadas en lo que va de año, según el gobierno dominicano. Más de 4.500 han sido deportadas este mes.
Decenas de personas han sido abatidas desde que estalló la más reciente ola de violencia el 29 de febrero en Puerto Príncipe: las pandillas han atacado estaciones policiales, el principal aeropuerto internacional —que sigue cerrado— y las dos mayores prisiones de Haití, lo que permitió la fuga de más de 4.000 presos.
Los ataques han dejado sin vivienda a unas 17.000 personas que han huido de sus vecindarios, según la ONU.
“Hay mucha calamidad para comer, muchas peleas, no hay vida”, expresó Suson Chalas, un vendedor callejero de 32 años que vive en el pueblo fronterizo de Ouanaminthe.
Alexis Yard, un haitiano de 45 años que recientemente estaba en un mercado bilateral en la frontera, dijo que está favor de una presencia militar extranjera para combatir la violencia de las pandillas en su país.
“Nosotros lo que queremos es un cambio, vivir bien, que quiten la delincuencia y poder transitar bien en el país”, expresó.
Por ahora está estancado un plan respaldado por la ONU de enviar policías kenianos a Haití, debido a que el país africano ha dicho que prefiere esperar hasta que entre en funciones un consejo presidencial transicional en Haití.
El consejo, que no ha sido creado todavía, sería responsable de seleccionar a un primer ministro interino y un consejo de ministros. La semana pasada, el primer ministro Ariel Henry dijo que renunciará una vez sea establecido el consejo.
