Tegucigalpa – El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), Adalid Irías, respondió con firmeza a la cancelación de la personería jurídica de su organización, dejando claro que no cederán ante lo que considera una medida de represalia gubernamental por su labor independiente de fiscalización.
«Adecabah no especula, ni está al servicio para maquillar cifras y que lo tenga muy claro el director de Protección al Consumidor», declaró Irías este domingo, dirigiendo sus palabras directamente hacia Enrique Santos, funcionario a cargo de esa dependencia gubernamental.
El dirigente de la asociación expresó extrañeza por la presencia del director de Protección al Consumidor durante los recorridos de monitoreo de precios que realizaba el equipo de Adecabah, calificando como «rarísimo» que Santos apareciera en estas actividades. «Vamos a responder a la acción del gobierno, pero no mañana lunes, como lo señaló el funcionario», anticipó Irías, refiriéndose al plazo establecido oficialmente para presentar la apelación correspondiente.
Pese a tener el lunes como fecha límite para apelar la decisión que cancela la personería jurídica de la organización, Irías adoptó una postura desafiante: «Estamos tranquilos, no me van a hacer correr, vamos a trabajar intensamente y vamos a responder ante esta arbitrariedad que nos deja mucho que desear en el país».
La trayectoria de Adecabah respalda las declaraciones de su presidente. La asociación acumula 14 años realizando labores de defensa de los derechos del consumidor bajo esta denominación, además de tres años adicionales de trabajo en otra organización, lo que totaliza 17 años de experiencia en el monitoreo y denuncia de irregularidades en precios, calidad de productos y servicios al consumidor hondureño.
Irías reveló que anticipaba esta acción gubernamental, señalando que en los últimos meses, «en vez de trabajar de manera armonizada con la asociación, [el gobierno] implementa una estrategia arbitraria e ilegal que lo que hace es cercenar los principios de libertad de expresión y la libertad de asociación».
«Se me están conculcando esas dos garantías y eso tiene repercusiones a nivel nacional e internacional porque lamentablemente están en una revancha en contra de Adecabah por la labor informativa», aseveró el dirigente, sugiriendo que la cancelación de la personería constituye una respuesta punitiva por el trabajo crítico que la organización ha desarrollado sobre el comportamiento de precios y la protección al consumidor.
La confrontación entre Adecabah y las autoridades gubernamentales refleja tensiones más amplias sobre el espacio cívico y la libertad de organizaciones de la sociedad civil para realizar labores de fiscalización independiente, especialmente en temas sensibles como el costo de vida y la inflación, aspectos que impactan directamente en la percepción ciudadana sobre la gestión económica gubernamental.
La defensa que hace Irías del trabajo de su organización como labor «informativa» independiente contrasta con la aparente percepción oficial de que Adecabah podría estar realizando actividades que justifican la cancelación de su estatus legal, aunque los motivos específicos de esta decisión no han sido detallados públicamente por las autoridades correspondientes.
El caso se desarrolla en un contexto de creciente escrutinio sobre las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y asociación en Honduras, donde diversas organizaciones de la sociedad civil han reportado presiones o limitaciones para desarrollar sus actividades de monitoreo y crítica constructiva a políticas públicas.
