Tegucigalpa. – El director de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, informó este jueves que la Sala de lo Constitucional admitió el recurso de amparo penal presentado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), contra la resolución de juez que no aceptó dos medios de prueba en el caso Arca Abierta.
Por unanimidad la Sala de lo Constitucional conoció y ha fallado a favor de este recurso que se desprende de resoluciones tomadas en el trascurso del desarrollo de la audiencia inicial en el año 2019, refirió el portavoz.
Agregó que “las pruebas concernientes es un DVD que tiene un contenido de video y audio y una memoria USB, con un audio que se pidió en audiencia y que no fueron admitidos por considerarlos de carácter ilícito”.
Fue así que la Fiscalía, como encargada de la acción penal pública, acudió a la Sala de lo Constitucional que resolvió favorable la resolución del 25 de enero de 2019 en la cual se presentó la reposición de esa decisión, detalló Duarte.
“La prueba debe ser escuchada y vista por parte del juez que conoce el expediente judicial de Arca Abierta, lo que podría concurrir en nuevas valoraciones para un eventual fallo”, añadió.
“Una nueva prueba puede traer nuevas valoraciones sobre los hechos presentados y los que se han evacuado en el transcurso de la audiencia inicial”, puntualizó.
Duarte explicó que la prueba debe ser escuchada y vista por parte del juez que conoce el expediente judicial de Arca Abierta, lo que podría concurrir en nuevas valoraciones para un eventual fallo.
“Una nueva prueba puede traer nuevas valoraciones sobre los hechos presentados y los que se han evacuado en el transcurso de la audiencia inicial”, apostilló.
El 1 de febrero de 2019, el juez natural que conoce la causa Arca Abierta determinó dictar auto de formal procesamiento para cuatro actuales diputados y cinco personas más, igualmente sobreseer a 11 procesados más.
El diputado Óscar Álvarez fue el único que fue librado de responsabilidades tras la celebración de la audiencia.
El auto de formal procesamiento incluyó a Gustavo Alberto Pérez Cruz, Milton Puerto Oseguera, Welsy Milena Vásquez, Gladys Aurora López, Fabricio Puerto Oseguera y José Alejandro Flores, todos por el delito de malversación de caudales públicos.
Asimismo, auto de formal procesamiento para Yovani Castellanos Deras, Gregorio Alberto González y Allan Aroni San Martín por el delito de fraude en perjuicio del Estado de Honduras.
Por su lado, la medida de sobreseimiento provisional para Audelia Rodríguez, Hernán Enrique Vindel, Juan Carlos Valenzuela Molina, Iveth Salomé Navas Suazo, Carlos Humberto Bonilla y Óscar Álvarez, que fueron acusados por malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública, sin el perjuicio de cualquier nueva actividad probatoria dentro del plazo fijado por la ley.
Se dictó también sobreseimiento definitivo a favor de Ana Lucía Castro, Arnold Gustavo Castro, Estela Lizeth Muñoz Hernández, Yajaira Lisbeth Talbot Villatoro e Indira Osorio Reyes, señalados inicialmente por malversación de caudales públicos.
Para el exdiputado Edwin Pavón se ratificó el sobreseimiento definitivo en vista que falleció en diciembre pasado.
El juzgado consideró que las medidas cautelares dictadas en la audiencia de declaración de imputados siguen vigentes para los que se les decretó formal procesamiento.
Las medidas cautelares incluyen: no salir del país y presentarse los viernes a los juzgados para firmar el libro de control.
