Tegucigalpa, Honduras. – El exvicecanciller Antonio García lanzó una advertencia de alto calibre institucional: si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admite el requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), se estaría sentando un “precedente gravísimo” que pondría a cualquier alto funcionario “a merced del fiscal general”, sin intervención del Congreso Nacional.
En una reflexión jurídica y política, García recordó que la Constitución es clara: primero debe celebrarse un juicio político en el Congreso, y solo tras una declaración de culpabilidad puede iniciarse una acción penal contra un exfuncionario.
“Saltarse ese paso es abrir la puerta a persecuciones políticas disfrazadas de justicia, un zarpazo al proceso electoral y una amenaza directa a la institucionalidad”, afirmó.
El exvicecanciller cuestionó la legitimidad de un sistema en el que “un solo fiscal” pueda determinar la suerte de autoridades designadas por 128 representantes del pueblo. “¿Queremos un país donde un presidente o un magistrado pueda ser removido por la voluntad de un solo Fiscal?”, se preguntó, al contrastar la pluralidad del Congreso con la concentración de poder en el MP.
Ante este escenario, García planteó que la CSJ tiene solo dos caminos constitucionalmente válidos: rechazar el requerimiento fiscal o remitirlo al Congreso para que sea este el que decida si procede o no la acusación.
Su postura encuentra eco en otros sectores del derecho. En las últimas horas, el abogado constitucionalista Oliver Erazo calificó el requerimiento del MP como un posible “error jurídico histórico”, y advirtió que su admisión por parte de la CSJ podría “generar una ruptura institucional”.
Mientras el país se acerca al 30 de noviembre, la disputa ya no es solo sobre dos magistrados: es sobre quién custodia la Constitución… y si la justicia será un instrumento de equidad o de poder.
