Tegucigalpa – El antejuicio fue promovido por el Ministerio Público en relación a una resolución arbitral internacional que ordenó un embargo de dos mil 600 millones de lempiras a la Cuenta de la Tesorería para cancelar un contrato que se le suspendió a la empresa DRS Inc.
La Corte de Apelaciones en materia de Corrupción emplazó a la abogada Irisabel Lucía Miranda Hernández, para que en tres días rinda informe sobre la acción de antejuicio presentada en su contra por el Ministerio Público.
La Fiscalía presume responsable a la jueza de letras de lo civil de Francisco Morazán, a título de coautora de un delito consumado de prevaricato judicial en perjuicio de la administración de justicia del Estado.
La Corte de Apelaciones Segunda de lo Civil de Francisco Morazán será la encargada de conocer el caso contra la funcionaria judicial, ya que la Corte de Apelaciones en materia de Corrupción se declaró “incompetente”.
El caso se relaciona a una resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) celebrada el 7 de septiembre de 2009 entre la empresa DRS Inc., y el Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis), en la cual se condenó al Estado a pagar 51 millones 482 mil 556.90 dólares, equivalente a más de mil millones de lempiras.
DRC Emergency Services ganó una demanda por suspensión de un contrato de obras de reconstrucción tras el paso del huracán Mitch en 1998.
A dicha resolución la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le denegó su reconocimiento mediante una sentencia de fecha 7 de agosto de 2013, considerando que era contraria al orden público y había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno, informó el Ministerio Público.
Pese a ello, el 3 de diciembre de 2019, la jueza Irisabel Miranda “arbitrariamente reconoció y ordenó la ejecución de la resolución arbitral internacional que derivó en el embargo de las cuentas del Estado de Honduras y que hasta ahora ha dejado un perjuicio de 381 millones de lempiras en concepto de pago de demanda”.
Además, según la Fiscalía, la funcionaria judicial, bajo el argumento que el Estado de Honduras había actuado de forma dolosa al pago de la deuda, lo condenó por un monto adicional de 42 millones de lempiras por concepto de costas procesales, ya cancelados a la fecha.
El reconocimiento irregular que la juez Irisabel Lucía Miranda Hernández le dio a la referida resolución dio lugar al recién embargo al Estado de Honduras por parte de la empresa DRS Inc., esta vez, por un monto de 106 millones de dólares, equivalente a más de dos mil 600 millones de lempiras, sostuvo el ente acusador.
