Tegucigalpa – El debate en torno a la ley de protección de los usuarios de las telecomunicaciones que se encuentra en proceso de aprobación en el Congreso Nacional de Honduras ha generado preocupación entre diversos actores sociales y defensores de los Derechos Humanos.
El exembajador de Honduras en Cuba, Andrés Pavón, ha expresado su contundente rechazo a esta ley, considerándola una involución en materia de Derechos Humanos y una estrategia de miedo y opresión.
Según Pavón, la ley podría ser utilizada para criminalizar y judicializar a líderes de partidos políticos opuestos al Gobierno y a miembros de la sociedad civil. Denuncia que desde el Gobierno se está construyendo una ficción mediática para justificar la intervención de las comunicaciones, lo que podría dar lugar a prácticas de vigilancia y control sin garantías judiciales adecuadas.
Por su parte, Joaquín Mejía, miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), señala que el artículo 23 de la ley representa un problema, ya que permite la intervención de las comunicaciones por parte de la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público sin necesidad de autorización judicial. Esto, a su juicio, constituye una peligrosa exclusión y disminución del rol del Poder Judicial en la toma de decisiones sobre la intervención de las comunicaciones.
El experto advierte que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ya había realizado prácticas de intervención de las comunicaciones en el pasado, y esta nueva ley podría abrir brechas para llevar a cabo estas prácticas sin un control judicial adecuado. En este contexto, la ley podría generar miedo y desconfianza entre la población, y ser utilizada como una política de Estado impulsada por las fuerzas represivas.
El artículo 23 de la ley en cuestión abarca diversos registros, como llamadas, video llamadas, mensajes de voz y mensajes de texto, y podría extenderse a otros tipos de registros de servicios de telecomunicación en el futuro. Ante esta situación, varios sectores de la sociedad exigen al Congreso Nacional que revise detenidamente este artículo y garantice la protección de los Derechos Humanos y la privacidad de los ciudadanos en el contexto de las comunicaciones digitales.
El debate en torno a esta ley refleja la importancia de equilibrar la seguridad y la protección de los ciudadanos con el respeto a los Derechos Humanos y la privacidad. Es fundamental que el Congreso Nacional escuche las voces de la sociedad civil y los expertos en el tema para asegurar que cualquier legislación relacionada con las comunicaciones sea transparente, justa y respetuosa de los derechos fundamentales de los hondureños.
