Choloma, Cortés. – Decenas de socios de Koriun Inversiones salieron este sábado a las calles de Choloma para exigir al gobierno la devolución de su dinero, advirtiendo que las manifestaciones pacíficas que han mantenido durante meses podrían cambiar de rumbo si no obtienen respuestas concretas.
«La lucha sigue en las calles, de una forma pacífica hasta el momento, pero no sabemos después qué va a pasar», advirtió uno de los afectados durante la protesta, dejando entrever la creciente desesperación entre los miles de inversionistas que perdieron sus ahorros.
Los manifestantes acusaron directamente al gobierno de tener en su poder el dinero que debe ser devuelto a los afectados. «Nosotros necesitamos nuestro dinero, ya se olvidaron de este tema, mientras que nosotros estamos en espera que se nos resuelva», reclamó uno de los inversionistas que participó en la movilización.
El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público (MP), junto a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), aseguró las oficinas de Koriun en Choloma y otras ciudades, confiscando bienes, vehículos y cuentas bancarias. Durante el operativo se hallaron 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones en cuentas bancarias.
Sin embargo, a más de ocho meses del decomiso, los aproximadamente 35 mil aportantes que operaban en al menos siete departamentos del país aún no han recuperado sus inversiones, lo que ha generado una serie de protestas que los afectados aseguran no detendrán hasta obtener resultados.
Koriun Inversiones operaba bajo un modelo que ofrecía rendimientos del 5% semanal (20% mensual), funcionaba sin licencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y captaba dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, una práctica insostenible conocida como esquema Ponzi.
Actualmente hay cuatro personas enjuiciadas por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir en relación con este caso, pero para los miles de hondureños que confiaron sus ahorros en la empresa, el proceso judicial avanza demasiado lento mientras sus familias enfrentan dificultades económicas.
«Nosotros necesitamos nuestro dinero», repitieron los manifestantes, quienes prometieron mantener la presión en las calles hasta que el Estado defina el mecanismo para la devolución de los fondos confiscados.
