TEGUCIGALPA – Socios afectados por la empresa Koriun advirtieron que continuarán las protestas en carreteras del norte del país y otras regiones hasta que se les devuelva el dinero que invirtieron, acusando al Estado de haberles fallado tras su intervención en el caso.
Las manifestaciones, que han sido desalojadas en múltiples ocasiones por la Policía Nacional, no muestran señales de disminuir según expresaron los propios manifestantes. «Esto no se va a detener. Aquí hay gente con esperanza, con la ilusión de recuperar su dinero. Da tristeza ver hasta personas de la tercera edad viniendo todos los días a luchar», dijo una de las manifestantes frente a las instalaciones bloqueadas, evidenciando la desesperación que caracteriza a los miles de inversionistas afectados.
Los afectados dirigen sus críticas principalmente hacia la intervención estatal en lo que consideran era originalmente un asunto entre particulares, argumentando que esta intervención los obligó a asumir responsabilidades que no tenía previamente.
«El Estado nunca debió meter las narices aquí. Pero ya que metió la mano en el dinero, ahora tiene que respondernos. El dinero era nuestro», reclamó otro socio de la empresa, reflejando el sentimiento generalizado de que la intervención gubernamental en el caso de Koriun creó una obligación moral y legal de garantizar la recuperación de los fondos de los inversionistas.
Los inversionistas insisten en que sus ahorros fueron comprometidos bajo la promesa de rentabilidad, y que actualmente nadie responde por los fondos desaparecidos, situación que los mantiene en una posición de vulnerabilidad económica y legal.
Aunque reconocen que la Policía Nacional únicamente está cumpliendo órdenes superiores en los operativos de desalojo, los manifestantes señalan categóricamente que la represión no frenará su lucha por la recuperación de sus recursos.
«Las protestas no van a terminar. Duele, pero esto sigue. El pueblo no está dormido», reiteraron los manifestantes, quienes aseguran que no habrá descanso hasta que se les proporcione una respuesta clara y se concrete la devolución de sus recursos invertidos.
La persistencia de las protestas refleja no solo la desesperación económica de los afectados, sino también la percepción de abandono institucional que sienten tras las promesas iniciales de solución que realizaron diversos funcionarios gubernamentales al inicio del escándalo.
Hasta ahora, ni representantes de Koriun ni autoridades gubernamentales han brindado una solución definitiva al conflicto, situación que mantiene en tensión constante la zona norte del país ante la amenaza de nuevas tomas de carreteras y movilizaciones anunciadas de forma permanente por los grupos de inversionistas organizados.
Esta situación de protesta sostenida evidencia las complejidades que enfrenta el Estado hondureño cuando interviene en crisis financieras privadas, creando expectativas de solución que posteriormente resultan difíciles de cumplir dentro del marco legal y fiscal existente.
La continuidad de las manifestaciones, pese a los desalojos policiales repetidos, sugiere que los afectados han adoptado una estrategia de resistencia a largo plazo, convirtiendo la recuperación de sus inversiones en una causa que trasciende lo meramente financiero para convertirse en una demanda de justicia social que mantiene la presión sobre las autoridades gubernamentales y genera inestabilidad en importantes corredores viales del territorio nacional.
