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La justicia inglesa escucha el lunes argumentos finales de representantes de Nicolás Maduro y Juan Guaidó, antes de decidir si considera legítima la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por este último, dándole acceso al oro depositado en Londres.
La jueza Sara Cockerill, de la división comercial de la Alta Corte de Londres, que desde el pasado miércoles ha escuchado argumentos y testigos de ambas partes, abrió la última sesión el lunes afirmando que hará “todo lo posible” para decidir con relativa rapidez.
Las autoridades de Caracas, que en 2020 aseguraron necesitar los fondos urgentemente para hacer frente a la pandemia de coronavirus, defienden ahora que no deben precipitarse las conclusiones en este caso.
Sin embargo, Andrew Fulton, abogado de la junta directiva del BCV nombrada por Guaidó, pidió a la magistrada que se pronuncie lo antes posible para que los bienes “no permanezcan en el limbo más tiempo de lo necesario”.
El gobierno de Maduro y la oposición liderada por Guaidó se enfrentan desde 2019 por el acceso a 32 toneladas de oro, valoradas en unos 1.500 millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra, que ofrece este servicio a múltiples países.
En julio de 2019, Guaidó, autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela y reconocido como tal por medio centenar de países –entre ellos el Reino Unido–, nombró una junta directiva ad hoc del BCV.
Inmediatamente esta ordenó al Banco de Inglaterra que no entregase los lingotes a la junta directiva oficialista del BCV, presidida por Calixto Ortega, afirmando que el gobierno utilizaría los fondos para reprimir a la población.
Guaidó hizo los nombramientos mediante decisiones legislativas de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015, que presidía, pero estos fueron invalidados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano.
En el marco de un largo litigio en Londres, la Corte Suprema británica ordenó en diciembre analizar si esa decisión judicial venezolana invalida efectivamente los nombramientos en la dirección del BCV.
El abogado de la junta presidida por Ortega, Richard Lissack, defendió durante el juicio, y reiteró el lunes, que “la junta de Guaidó no es una junta funcional del banco central” argumentando que sus miembros, todos en el exilio, no viven en Venezuela ni participan de las acciones de la institución.
Por su parte, Fulton intentó demostrar la total “falta de imparcialidad” del TSJ, con jueces favorables al poder o presionados por él, denunció, convirtiendo el caso en un proceso a la legitimidad del sistema judicial venezolano y del régimen de Maduro en general. AFP
