Tegucigalpa. – En el marco de la operación Arpía, el presidente Juan Orlando Hernández, informó este miércoles que un total de 180 privados de libertad, que pertenecen a maras y pandillas, y son considerados como cabecillas o reos de alta peligrosidad, fueron trasladados al nuevo módulo de máxima seguridad ubicado contiguo a la Penitenciaría Nacional de Támara.
La acción fue ejecutada por todas las instituciones que conforman la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), en una operación de extracción y traslado desde los diferentes centros penales, con el fin de tener cada vez un mayor control de estos delincuentes.
En sus redes sociales, el mandatario comunicó que 955 elementos de seguridad participaron en el traslado de cabecillas de maras, pandillas y bandas de crimen organizado al módulo especial de máxima seguridad del país.
“Ha iniciado esta madrugada una operación muy importante para poder aislar bajo el concepto de máxima seguridad a 180 privados de libertad”, indicó Hernández en una comparecencia de prensa en las instalaciones del Servicio Nacional de Emergencias 911, desde donde supervisó el traslado junto a otras autoridades.
“Lo que se está haciendo hoy es el traslado al centro de máxima seguridad más duro que tenemos en el país”, explicó el gobernante.
La mayoría de los privados de libertad pertenecen a la Pandilla 18 y a la Mara Salvatrucha (MS-13), todos considerados de máxima peligrosidad, con un amplio cartel delictivo.
“Aquí lo importante es proteger al pueblo hondureño; muchos dicen que estamos siendo extremos, extremadamente duros, pero son las buenas prácticas internacionales. Si a estos individuos no se les aísla, no logramos evitar esta ola criminal”, subrayó Hernández.
Anunció que en los próximos días se enviará al Congreso Nacional una serie de reformas a la ley del sistema penitenciario para crear la figura de “privado de alta peligrosidad” y quienes estén en esa categoría serán enviados a una cárcel de alta seguridad, donde tendrán un régimen especial que controla visitas.
“Aquí estamos en una lucha legal y por eso hemos tomado la decisión de remitir las reformas a la ley del Instituto Penitenciario al Congreso Nacional y en ese sentido poder limitar la comunicación exclusivamente al uso de cartas”, apuntó el mandatario.
Advirtió que “aquí se va iniciar una batalla legal, un debate público, y tenemos que definir de qué lado estamos”, advirtió Hernández.
El titular del Ejecutivo señaló que “a quien se le clasifique como privado de libertad altamente peligroso no esperen que sean personas comunes y corrientes, son personas que ordenan extorsiones, secuestros, asesinatos desde las cárceles”.
“Y esto tiene su antecedente, en algo que conversamos aquí hace unas semanas, un grupo de abogados de los líderes de las principales maras que estaban recluidos accionaron ante los jueces para que les permitieran salir de las celdas de máxima seguridad, que son celdas de dos personas y que deben estar aislados sin comunicación por lo menos 23 horas al día”, recalcó.
Esos reclusos deberían estar en esas celdas y restringidos al máximo en su comunicación, “pero cuando los jueces ordenaron que se les sacara y pudieran deambular en los recintos se perdió el concepto de máxima seguridad”, cuestionó.
“Yo esperaría que los jueces respeten el criterio del Instituto Penitenciario, que clasifica cuáles son los privados de libertad más peligrosos y esto es importante, porque esta gente cada llamada que hace, cada contacto que tiene con una visita, es para mandar órdenes no solo de extorsión, sino de asesinatos”, puntualizó el mandatario.
Con la puesta en marcha de este nuevo módulo de máxima seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario maneja ahora tres centros penales de máxima seguridad, que cuentan con sus respectivos escáneres, cámaras de vigilancia y un mayor control de los privados de libertad.
