Tegucigalpa, Honduras. – El exedil del Distrito Central, Jorge Aldana, anunció este martes que en las próximas horas tomará decisiones importantes sobre su lucha por la alcaldía del Distrito Central (AMDC), sin embargo reafirmó que no entregará la comuna a su sucesor Juan Diego Zelaya, perpetuando un conflicto institucional sin precedentes en la capital hondureña.
«En los próximos días y horas estaremos fijando una posición política y pública para fijar la lucha por la justicia y democracia«, declaró Aldana a periodistas, manteniendo la narrativa de cuestionamiento a su derrota electoral frente al candidato del Partido DC.
Consultado por los periodistas si entregará las instalaciones de la AMDC, contestó enfáticamente que «no se puede entregar algo que ya me robaron», en alusión a la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de no otorgarle su reclamo de contar 437 urnas que según él le darían el triunfo.
Aldana reiteró su petición a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resuelva los recursos interpuestos en contra de la declaratoria de los resultados electorales que dieron victoria a Zelaya en la capital hondureña.
El exedil negó ser «enemigo» del alcalde Juan Diego Zelaya, incluso reveló que fue compañero de escuela con su esposa, pero insistió que se está «violentando la democracia» al irrespetar la voluntad popular del 30 de noviembre, fecha de las elecciones generales.
Aldana denunció que hay un plan para «engavetar» su caso en la CSJ, criticando a ese poder del Estado por no darle celeridad a resolver los recursos de amparo que presentó cuestionando los resultados electorales en la capital.
«¿Por qué no resuelven este caso a la prontitud? ¿Por qué no atiende este caso la Sala de lo Constitucional?, que lo admitan o inadmitan, pero que lo resuelvan«, exclamó el político de Libre, demandando una resolución urgente sobre sus impugnaciones.
Jorge Aldana y empleados municipales del Partido Libre mantienen tomadas las instalaciones de la AMDC, impidiendo que el alcalde Juan Diego Zelaya realice sus labores normalmente, situación que genera parálisis administrativa en la alcaldía más importante del país.
La toma de las instalaciones municipales representa un conflicto institucional sin precedentes que viola el principio de alternabilidad democrática, considerando que Zelaya ya tomó posesión oficialmente el 25 de enero en ceremonia realizada en el Museo para la Identidad Nacional (MIN) precisamente por la negativa de Aldana.
El alcalde Zelaya había prometido en su discurso de toma de posesión ser un alcalde «cercano y accesible», que su gobierno se construirá «junto a la gente», y que «venimos a unir, no a dividir», compromisos que se ven obstaculizados por la ocupación de las instalaciones municipales.
La ceremonia en el MIN contó con la presencia del presidente Nasry Asfura, del presidente del Congreso Tomás Zambrano, autoridades de las Fuerzas Armadas incluyendo al general Héctor Valerio, representantes diplomáticos y empresariales, validando institucionalmente el mandato de Zelaya.
El Plan de Gobierno de Zelaya incluye una ciudad más segura con iluminación y videovigilancia, mejoras en agua y saneamiento donde 3.7 millones de hondureños consumen agua insegura, y gestión del tráfico urbano, acciones que requieren acceso a las oficinas municipales.
La CSJ enfrenta presión para resolver rápidamente el conflicto, considerando que su presidenta Rebeca Raquel Obando había denunciado ante el Congreso que el gobierno de Xiomara Castro les dejó deuda de 1,200 millones de lempiras sin transferir, limitando su capacidad operativa.
La situación de Aldana contrasta con la del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien tomó posesión normalmente el 24 de enero para su segundo período consecutivo sin conflictos institucionales, evidenciando que la capital enfrenta un problema único.
El Partido Libre atraviesa tensiones internas, con sectores como el diputado Rafael Sarmiento prometiendo «oposición constructiva» mientras otros como Aldana mantienen posturas de confrontación que cuestionan resultados electorales validados por el CNE y el sistema judicial.
El conflicto en la AMDC representa un desafío para el gobierno de Asfura, quien en su discurso inaugural prometió trabajar con los 298 alcaldes del país «sin distinción de colores políticos», pero enfrenta un edil saliente que se niega a entregar el cargo pese a haber perdido las elecciones.
La toma de instalaciones públicas por empleados municipales afines a Libre genera interrogantes sobre el estado de derecho, considerando que Zelaya tiene mandato legítimo validado por el CNE, juró ante la Constitución y cuenta con respaldo institucional del Ejecutivo, Legislativo y Fuerzas Armadas.
Las «decisiones importantes» que Aldana anuncia para las próximas horas podrían incluir desde radicalizarse en la toma hasta eventualmente ceder las instalaciones, aunque sus declaraciones sugieren que mantendrá la ocupación mientras la CSJ no resuelva sus recursos de amparo.
El exedil enfrenta el dilema de perpetuar una crisis institucional que afecta la gestión municipal de la capital en detrimento de miles de familias que necesitan servicios, o reconocer su derrota y permitir la transición ordenada que la democracia y el estado de derecho exigen.
La situación evidencia la fragilidad institucional hondureña, donde funcionarios derrotados se niegan a aceptar resultados electorales, ocupan instalaciones públicas y mantienen narrativas de «robo electoral» sin pruebas concretas, minando la credibilidad del sistema democrático.
