Tegucigalpa – La ola de violencia contra las mujeres en Honduras continúa sin tregua con el reciente registro de cuatro nuevos feminicidios: Betty Vásquez en San Rafael, Lempira; Lidia Rodríguez en Santa Rosa de Copán; Katherin Aguilar en Trujillo, Colón; y otra víctima en Comayagüela.
Los departamentos de Olancho, Yoro, Francisco Morazán y Colón concentran la mayoría de estos crímenes, incluso en zonas bajo intervención policial.
El panorama resulta aún más preocupante al considerar que el 2024 cerró con 230 muertes violentas de mujeres, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).
La respuesta institucional parece insuficiente, con apenas 36 detenciones de agresores reportadas frente a las más de 1,200 denuncias por violencia doméstica en el primer mes del año.
Las organizaciones de mujeres señalan que el 80% de las hondureñas sufren acoso en las calles, generando un clima de inseguridad permanente. La mayoría de las agresiones ocurren en el ámbito doméstico, perpetradas por parejas o familiares, evidenciando un patrón sistemático de violencia que incluye también el maltrato psicológico.
El desplazamiento forzado emerge como otra consecuencia grave de esta violencia. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre 2016 y 2023 se registraron 3,834 quejas de mujeres por desplazamiento forzado.
La comisionada Blanca Izaguirre destaca que el 38% de estas mujeres fueron víctimas directas de desplazamiento, mientras que el 62% restante se encontraba en situación de riesgo inminente.
Los agresores identificados incluyen desde parejas y familiares hasta miembros de maras, pandillas y bandas criminales, configurando un escenario complejo que requiere acciones urgentes y efectivas por parte de las autoridades para proteger la vida e integridad de las mujeres hondureñas.
