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Tegucigalpa

Alertan sobre el potencial de corrupción desmedida en el proceso de licitación del PCM del tren interoceánico

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Tegucigalpa – El abogado constitucionalista Octavio Pineda ha expresado su preocupación y descontento respecto al Decreto PCM 08-2024, publicado en el diario oficial La Gaceta el 28 de febrero de 2024, referente al ferrocarril interoceánico, al considerarlo un nuevo acto de corrupción que podría marcar un hito nefasto en la historia de Honduras.

En sus declaraciones, Pineda ha destacado que este decreto otorga amplias facultades al presidente de la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (Confi), quien resulta ser el secretario privado e hijo de la presidenta Xiomara de Zelaya, Héctor Zelaya.

El principal punto de preocupación para Pineda radica en la discrecionalidad que se otorga al presidente de la Confi para nombrar personal, contratar empresas y tomar decisiones importantes en el proceso de planificación y ejecución del proyecto, incluyendo la posibilidad de realizar compras directas o suscribir contratos sin un proceso transparente y público.

El abogado constitucionalista ha señalado que la opacidad en las negociaciones y la falta de transparencia en un proyecto de tal envergadura como el ferrocarril interoceánico son motivo de preocupación y deberían ser objeto de un escrutinio riguroso por parte del Congreso y de la sociedad en general.

Considera que la falta de participación ciudadana y la concentración de poder en manos de personas afines al Gobierno pueden abrir la puerta a actos de corrupción y conflictos de interés.

Por otro lado, Gilberto Ríos, dirigente del partido Libre, ha defendido el proceso y ha afirmado que se está llevando a cabo de manera transparente. Argumenta que la reserva en las negociaciones se debe a la necesidad de proteger los intereses del Estado en un proyecto de gran envergadura, y niega que exista temor de actos de corrupción o falta de transparencia.

Sin embargo, estas afirmaciones no han logrado calmar las preocupaciones expresadas por Pineda y otros críticos del decreto.

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