Tegucigalpa, Honduras. — Mientras miles de familias hondureñas luchan por llevar comida a la mesa, 44,500 quintales de frijol y más de 70,000 quintales de maíz se deterioraron en bodegas del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA). La cifra preliminar del perjuicio económico supera los 110 millones de lempiras, y el caso ya es investigado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Las diligencias iniciaron este lunes con inspecciones en las instalaciones del IHMA, toma de muestras del grano almacenado y declaraciones de autoridades actuales, exfuncionarios y personal técnico.
Según las investigaciones iniciales, el cargamento estratégico habría sido adquirido desde 2023, pero no fue distribuido ni rotado adecuadamente, lo que provocó su deterioro mientras la población enfrentaba dificultades para acceder a alimentos básicos.
«El grano ya no es apto para consumo humano», confirmó el actual gerente del IHMA, Allan Castillo, tras comparecer ante la UFERCO. El funcionario aseguró que colaborará plenamente con las investigaciones y precisó que su gestión inició el 27 de enero, por lo que descartó responsabilidad en posibles irregularidades.
Castillo adelantó que el frijol únicamente podría destinarse a procesos industriales, como frijol molido, mientras la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano realiza estudios científicos para determinar el estado real del producto.
La versión de la administración actual contrasta con la defensa presentada por el exgerente del IHMA, Omar González, quien rechazó los señalamientos y calificó de «incoherente» la afirmación de que los granos se arruinaron. Según González, las bodegas contaban con sistemas térmicos y controles fitosanitarios que impedían el deterioro total.
«Es técnicamente imposible que el frijol se haya perdido completamente», sostuvo, argumentando que el grano seguía siendo apto para consumo, aunque con mayores tiempos de cocción. El exfuncionario también negó irregularidades en las reservas de maíz y aseguró que todos los movimientos estaban respaldados por inventarios y actas notariales.
La indignación política no tardó en llegar. La diputada Máxima Alejandra Burgos calificó el caso como una muestra de «irresponsabilidad» y exigió castigos ejemplares. «Las cifras por las pérdidas son millonarias, pero mayor es la frustración de saber cuántas familias se pudieron beneficiar y que por negligencia y apatía hoy todo ese producto sea no apto para el consumo humano», manifestó.
La parlamentaria demandó al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público una investigación inmediata y profunda: «No se puede jugar con el hambre del pueblo. Eso no se vale», sentenció.
El escándalo estalla en un momento crítico para Honduras. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) de la UNAH, más de un millón de personas enfrentan actualmente inseguridad alimentaria, una situación que podría agravarse significativamente en 2026 si no se implementan políticas públicas efectivas.
A esta advertencia se suma la amenaza de una inminente sequía asociada al fenómeno de El Niño, que pondría en riesgo la producción nacional y haría aún más vital la existencia de reservas estratégicas bien administradas, particularmente en el denominado corredor seco.
Mientras la investigación avanza, el caso del IHMA deja al descubierto una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que toneladas de granos básicos se pierdan en bodegas del Estado mientras la población más vulnerable enfrenta hambre? La respuesta, por ahora, depende de lo que arrojen las pesquisas fiscales y de la capacidad institucional para garantizar que los recursos públicos cumplan su propósito: proteger a quienes más lo necesitan.
