Tegucigalpa – La democracia hondureña enfrenta una de sus pruebas más complejas tras las elecciones primarias del 9 de marzo, donde las demoras en el proceso electoral han desencadenado un conflicto institucional sin precedentes. El programa «Frente a Frente» de Canal 5 reunió a varios analistas políticos que coincidieron en señalar los graves riesgos que esta situación representa para todos los sectores del país.
«Esta república es nuestra, esto no es de familias, es nuestro país», expresó contundentemente el analista Omar García durante su intervención, apuntando a una de las raíces del problema: el control ejercido por aproximadamente 43 familias sobre los tres partidos políticos dominantes en Honduras —Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre)— en un país con más de un millón y medio de familias.
Esta crisis no se limita únicamente al ámbito electoral, sino que ha generado un enfrentamiento directo entre dos instituciones fundamentales: el Consejo Nacional Electoral (CNE), que posee competencia exclusiva en la administración de las elecciones, y las Fuerzas Armadas, responsables de la custodia y traslado del material electoral.
El papel crucial de los militares
El analista Lester Ramírez destacó la importancia histórica de las Fuerzas Armadas en momentos de crisis nacional. «La Constitución hondureña otorga un espacio significativo a las Fuerzas Armadas, con 20 artículos dedicados a su funcionamiento», explicó, subrayando la relevancia institucional que mantienen en el sistema político del país.
Esta situación ha comenzado a generar desconfianza en la ciudadanía sobre la imparcialidad de la institución militar. Según Ramírez, existe una «percepción ciudadana que el alto mando de las Fuerzas Armadas está comprometido con actores políticos partidarios», lo que afectaría su capacidad para actuar de manera neutral en el proceso.
García, por su parte, recordó que «las Fuerzas Armadas, por naturaleza, son constitucionalistas, y de ahí se desprende todo su actuar y de ahí debería desprenderse todo señalamiento», haciendo un llamado implícito a que la institución retorne a sus principios fundamentales.
Crisis multidimensional
Los expertos señalan que el país enfrenta una crisis en múltiples frentes. No solo están implicados el CNE y las Fuerzas Armadas, sino también otras instituciones como el Ministerio Público, el Congreso Nacional, la Unidad de Política Limpia y el Tribunal Superior de Cuentas.
Ramírez advirtió sobre las graves consecuencias que podría tener esta situación: «No simplemente va a haber una crisis y se está en una crisis electoral, sino se va a crear una crisis política que va a tener ramificaciones económicas y sociales muy fuertes».
La crisis también ha llegado al poder legislativo, con el anuncio de una comisión especial para investigar el proceso electoral primario y la citación a los consejeros del CNE por parte del Congreso Nacional.
¿Quién gana con la crisis?
La pregunta central planteada por Omar García resuena con fuerza: «¿Quién está ganando tanto que todos podemos perder todo?» Esta interrogante refleja la preocupación por los intereses que podrían estar beneficiándose de la inestabilidad política.
García criticó además el rol de los miembros del Consejo Nacional Electoral, señalando que «no son activistas políticos, ellos están para construir el Estado, el país, no son constructores de victorias», en clara alusión a la propaganda oficialista que vincula al expresidente Manuel Zelaya, coordinador de Libre, como un «constructor de victorias».
La situación actual en Honduras refleja una crisis que trasciende lo electoral y pone en evidencia las fracturas de un sistema político dominado por intereses particulares, donde las instituciones parecen responder más a lealtades partidistas que a su mandato constitucional. Las consecuencias de esta crisis podrían extenderse a todos los ámbitos de la vida nacional si no se logra un acuerdo que privilegie el interés común sobre los beneficios partidistas.
