Tegucigalpa, Honduras. – Las amenazas y las extorsiones son la principal causa por la que miles de hondureños abandonan sus hogares, según reporta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). Es una crisis silenciosa que erosiona la seguridad de familias enteras, obligadas a elegir entre quedarse o perder la vida.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, subraya que las quejas atendidas por la institución reflejan la gravedad de los riesgos que enfrentan las personas desplazadas internamente. No se trata de números abstractos: son historias de gente que tuvo que dejar atrás sus vidas por miedo.
La coordinadora enfatiza que esto exige estrategias de prevención, protección y atención con enfoque diferencial y de derechos humanos, garantizando integridad, dignidad y acceso a justicia para las víctimas.
Los números son contundentes. Entre 2016 y 2024, el Conadeh procesó 87.317 quejas a nivel nacional. De esas, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) brindó atención a 23.458 personas desplazadas internamente o en riesgo de serlo.
En solo 36 meses de análisis reciente, atendieron 4.320 quejas, y aquí emerge un patrón inquietante: en el 31 % de los casos, la víctima señaló como supuesto agresor a personas desconocidas, revelando una violencia anónima generalizada donde el miedo a identificar responsables responde al terror de represalias vinculadas con grupos delictivos.
El perfil de las víctimas muestra disparidades. Los hombres presentaron el 52 % de las quejas, pero las mujeres —48 %— enfrentan riesgos diferenciados y particularmente graves: violencia sexual, violencia intrafamiliar, expulsión de vivienda y amenazas. Para ellas, el desplazamiento forzado no es solo huir del delito; es escapar de un ecosistema de vulnerabilidad múltiple.
