La organización asegura que las autoridades kurdas y Washington mantienen a miles de detenidos en “condiciones inhumanas”, cinco años después de la derrota del Estado Islámico.
Por El País
Palizas, descargas eléctricas, violencia machista, desapariciones forzosas, reclusión de menores, muertes en masa. La organización en defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), con sede principal en Londres, denuncia este miércoles los malos tratos y torturas que sufren los miles de detenidos vinculados al Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) en los campos y centros gestionados por las autoridades kurdas en Siria. Según los datos recogidos para el informe Las consecuencias: injusticia, tortura y muerte bajo custodia en el noreste de Siria, más de 56.000 personas están aún encerradas en 27 centros de detención y dos campos a cielo abierto (Al Hol y Al Roj) bajo el control de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES, en sus siglas en inglés) y sus milicias asociadas. La mayor parte de los reclusos de estas instalaciones provienen de lo que el ISIS llamó el califato, instaurado en partes del territorio entre Siria e Irak en junio de 2014. Cinco años después de aquel proyecto integrista y terrorista, el grupo cayó militarmente en la batalla de Baguz, en la frontera sirio-iraquí, frente a una coalición de milicianos árabes y kurdos con apoyo de Estados Unidos.
A partir de tres viajes realizados por investigadores de la organización entre septiembre de 2022 y agosto de 2023, durante los que realizaron 314 entrevistas a presos, funcionarios y representantes de Naciones Unidas, el informe concluye que los detenidos “son objeto de violaciones de derechos humanos sistemáticas”. El reporte denuncia además la muerte de muchos de ellos “debido a las condiciones inhumanas” en los centros de detención. Amnistía acusa también a EE UU de desempeñar un “papel fundamental” en la “creación y mantenimiento de este sistema” represivo.
Unas semanas después de la proclamación del califato, en septiembre de 2014, Barack Obama dio luz verde a los primeros bombardeos contra las posiciones del ISIS. Con el apoyo militar de Washington, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), formadas por milicianos árabes y kurdos, combatieron al grupo yihadista, liderado entonces por el iraquí Abubaker al Bagdadi, hasta su derrota en Baguz, en marzo de 2019. Tras esta batalla, miles de personas vinculadas al ISIS o residentes en la región bajo su control fueron recluidas en campos y centros de detención. La AANES es la entidad política que gobierna esta parte del norte sirio, mientras las FDS y otros grupos armados afines se encargan de la seguridad. No obstante, EE UU sigue monitoreando todo lo relacionado con los presos vinculados al ISIS, incluso con personal sobre el terreno que ha interrogado e identificado a los reos. Es por este motivo por el que Amnistía le otorga un papel fundamental en las violaciones de derechos humanos.
“El Gobierno estadounidense ha contribuido a establecer y ampliar un sistema de detención en gran medida ilegal”, afirma la secretaria general de AI, la francesa Agnès Callamard, “caracterizado por unas condiciones inhumanas y degradantes de carácter sistémico, homicidios ilegítimos y el uso generalizado de la tortura”. La radiografía que aporta el informe de Amnistía permite actualizar el estado de la situación para estos miles de presos, un lustro después de que el proyecto de califato hincara la rodilla — aunque células del ISIS se mantienen operativas en el este de Siria—. La mayor parte de los reclusos, 46.000, están encerrados entre los campos de Al Hol y Al Roj, en el vértice noreste que conduce a la frontera iraquí. Se trataría en este caso, en un 94%, de mujeres y niños con mayor o menor relación con los combatientes yihadistas. Una mujer de 30 años identificada como Layla —se preserva su nombre real por cuestiones de seguridad— afirma: “La vida aquí es una muerte lenta y dolorosa”. Amnistía denuncia “altos niveles” de violencia sexista en los campos perpetrada por afiliados del ISIS que pueden acceder a su interior, así como la existencia de explotación sexual organizada por fuerzas de seguridad y particulares.
“No había un día o una hora concreta, ni una forma específica de tortura (…). Lo peor era cuando entraban en la sala (…) con tuberías de plástico, cables y tubos de acero y nos golpeaban por todo el cuerpo”, dice el relato de Yusuf —nombre ficticio—, uno de los entrevistados por Amnistía en el centro de detención de Sini, situado en la localidad de Al Shadadi, en la provincia oriental de Hasaka. Compañero de pena, Abbas, le relató a uno de los investigadores: “Ya conocemos a los americanos, vienen con sus armas y sus perros (…). Revisaron la prisión, nos registraron a nosotros y nuestras habitaciones (…). Pudieron ver la sangre en la pared. Pudieron ver a la gente con heridas de tortura”. Otro de los testimonios recogidos en Sini cifra en 17 los reos que vio morir en su celda después de que las autoridades apagaran el extractor del aire.
Entre el centro de Sini y el de Panorama, situado también en Hasaka, Amnistía entrevistó a 48 detenidos, entre hombres, mujeres, niños y niñas. A través de sus testimonios, la organización concluye que los reclusos eran sometidos a torturas para obtener confesiones forzadas. En el caso de las mazmorras de Panorama, de las que se dice que no tienen acceso a alimentación ni asistencia médica, la organización pudo documentar además la existencia de un grave brote de tuberculosis que duraba ya años —en agosto de 2023, las FDS admitieron a la propia AI que uno o dos hombres o niños morían cada semana por esta enfermedad—.
El informe calcula también que hay un millar de menores, entre sirios y extranjeros, recluidos en centros de detención. Como han relatado a El PAÍS familiares de niños encerrados hasta el pasado año en los campos de Al Roj, las autoridades kurdas separan a discreción a los niños de sus madres cuando estos rondan los 13 años de edad para llevarles a instalaciones —la AANES las denomina “centros de rehabilitación”— en las que pueden sufrir el mismo maltrato que los adultos. Algunos de ellos son trasladados a estos centros por sus supuestos vínculos con el ISIS, aunque la investigación de Amnistía afirma que solo uno de cada 10 ha sido acusado de algún delito.
Repatriciones
De entre todos los detenidos hay sirios, iraquíes, pero también ciudadanos de otros 74 países. El Gobierno español repatrió en enero de 2023 a dos mujeres y 13 menores españoles del campo de Al Roj. Cinco años después de la derrota del ISIS, quedan miles de extranjeros que aún no han sido reclamados por sus países de origen. Amnistía ha compartido con las autoridades kurdas y la Administración de Joe Biden las conclusiones de su informe. Unos y otros manifiestan la necesidad de que los Estados repatríen a sus nacionales, en un contexto humanitario y de seguridad que tildan de “difícil”. Entre los que aún se encuentran encerrados en el campo de Al Hol, el de mayor tamaño, está la española nacida en Ceuta Lubna Miludi, junto a su hijo de ocho años.
El informe denuncia además la práctica de torturas y malos tratos para obtener confesiones durante los procesos judiciales que han llevado a cabo los tribunales especiales kurdos durante estos años. Según la AANES, se han juzgado a más de 96.000 personas, la mayoría de nacionalidad siria, con presuntos vínculos con el ISIS. Amnistía pudo documentar al menos 18 casos en los que esta relación con el grupo yihadista era falsa. El acuerdo entre Washington, las autoridades kurdas y las de Irak ha permitido que cientos de iraquíes encerrados en el noreste sirio hayan sido trasladados al otro lado de la frontera para ser juzgados. La organización, como ya ha hecho en investigaciones anteriores, acusa a la justicia iraquí de condenar, incluso a la pena de muerte, a partir de torturas y malos tratos.
