Tegucigalpa. – El Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras (Cofadeh), aseveró en las últimas horas que la amnistía aprobada por el Congreso Nacional que preside Luis Redondo, no es un pacto de impunidad, más bien es la finalización de la persecución política en Honduras.
Cofadeh es el ente encargado de evaluar los casos que involucra el decreto denominado Amnistía para los Presos Políticos, Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado en 2009.
Para el Cofadeh, el instrumento de protección surge como una propuesta de la sociedad civil ante la grave situación que se enfrentan las víctimas del golpe de parte de la dictadura y busca poner un alto inmediato al acoso de actores políticos.
Además, el organismo defensor de los derechos humanos, señala en un comunicado que, luego del golpe de Estado; los organismos de investigación y judiciales, se convirtieron en instrumentos del régimen, iniciando una persecución contra todo ciudadano que se opuso al gobierno de facto y a la dictadura que se instaló durante los doce años siguientes.
Por su parte, la dirigente del Cofadeh, Mery Agurcia, explicó que la amnistía política solo aplicará para personas criminalizadas por defender la democracia y luchas sociales, no por actos de corrupción.
“Durante los últimos años hemos estado publicando quiénes son los presos políticos y las razones de su persecución. Hay criterios establecidos para que personas que no les corresponde entrar en esta amnistía no se vean beneficiados”, dijo.
Agurcia insistió en que el objetivo del decreto es amparar a los luchadores sociales, defensores del ambiente, quienes en su momento fueron criminalizados.
Además, aseguró que los funcionarios vinculados en actos de corrupción no serán beneficiados con la amnistía, ya que se requiere de un expediente que compruebe su persecución política.
