Tegucigalpa – El estado de excepción vigente en Honduras, extendido repetidamente desde diciembre de 2022, enfrenta críticas por su gestión y legalidad.
Nelson Castañeda, director de seguridad y justicia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), criticó el manejo del Poder Ejecutivo, que ha implementado estas extensiones sin la debida ratificación del Congreso Nacional. Castañeda remarcó que es esencial que el Congreso exija respeto a los procedimientos establecidos para garantizar la legalidad de tales medidas.
La última ampliación del estado de excepción, extendida por 45 días adicionales, no recibió la ratificación congresual, una omisión que Castañeda y otros expertos consideran una práctica «desmedida e ilegal».
Según el director de la ASJ, el estado de excepción no ha logrado mitigar la violencia a nivel nacional, sugiriendo que las medidas adoptadas no han sido efectivas y que se deberían considerar otras estrategias.
Este escenario ha generado un llamado a explorar alternativas más efectivas, mientras que el país sigue enfrentando desafíos significativos en términos de seguridad y justicia. La situación actual plantea un dilema crucial sobre la eficacia de las políticas de seguridad y el respeto a los procesos democráticos en Honduras.
