Tegucigalpa – La abogada Ana Cardona ha denunciado que está recibiendo amenazas tras haber expuesto públicamente lo que considera un golpe en la presidencia del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras (CAH). Cardona advirtió que estas acciones podrían desencadenar una crisis en el ente colegial.
El presidente del CAH, Gustavo Solórzano, calificó esta situación como una “jugada política”, mientras que la abogada Dessiré Flores sostuvo que todo se ha hecho conforme a la ley. Cardona afirmó que fue legítimamente electa en las elecciones del 9 de marzo, pero que Flores le arrebató el cargo de manera arbitraria.
“Flores me amenazó con iniciar cualquier tipo de acción en mi contra, pero yo no le he atribuido ningún delito. Estas amenazas son dirigidas hacia mí porque soy una servidora judicial y todos saben las influencias que ella tiene en el poder judicial”, denunció Cardona.
Añadió que Flores, hija del asesor del Poder Ejecutivo Enrique Flores Lanza y de la magistrada de la Sala de lo Constitucional Sonia Marlina Dubón, ha declarado públicamente que iniciará acciones legales en su contra.
Cardona relató que durante la sesión del miércoles, destinada a ratificar su posición como presidenta del Tribunal de Honor, uno de los miembros del Frente Patria y Justicia, elegido gracias al apoyo de los agremiados que votaron por ella, se confabuló con el grupo de los reivindicadores liderado por Dessiré Flores, lo que resultó en su destitución arbitraria.
Cardona considera esta acción un grave acto de deslealtad hacia la gremial de abogados, que había decidido legalmente sus autoridades. Destacó que, según el artículo 40, en la primera sesión se deben elegir al presidente y al secretario del Tribunal de Honor, y que ella fue elegida legítimamente para dicho cargo, por lo que se debe respetar esta decisión.
En resumen, Ana Cardona denuncia que está siendo amenazada tras haber expuesto un golpe en la presidencia del Tribunal de Honor del CAH, situación que podría generar una crisis institucional, mientras se recalca la necesidad de respetar los resultados electorales y la legalidad del proceso.
