Tegucigalpa – La abogada constitucionalista Ana Pineda ha compartido sus perspicaces opiniones sobre el proceso de elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto en Honduras.
En su análisis, Pineda argumenta que estos procesos de selección de cargos importantes en el país han sido fallidos y han perdido su propósito original.
En su opinión, lo que se busca en realidad es designar a personas que respondan a intereses particulares en lugar de seleccionar a individuos que sean idóneos para liderar el Ministerio Público de manera independiente y justa.
Pineda, quien fue altamente evaluada por la Junta Nominadora en el proceso de elección de aspirantes a magistrados pero no fue seleccionada por el Congreso Nacional (CN) para integrar el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), señala que en la actualidad se da prioridad a la elección de un «mandadero» en lugar de un Fiscal General y un Fiscal Adjunto genuinamente comprometidos con la administración de justicia.
Sostiene que esto conduce a un ejercicio de acción penal pública selectiva, donde se decide a quién perseguir y a quién no, en función de intereses políticos y personales.
Además de su experiencia en derecho constitucional, Pineda también es una experta en derechos humanos y argumenta que, por el bien de Honduras, es fundamental que las nuevas autoridades del Ministerio Público sean elegidas de la nómina proporcionada por la Junta Proponente.
La fecha prevista para la sustitución del actual Fiscal General y Fiscal Adjunto por dos profesionales de los cinco candidatos en la lista es el 1 de septiembre.
La abogada subraya que la situación en Honduras está marcada por el dominio de la clase política y sugiere que tener valores y principios éticos a menudo parece ser un obstáculo en lugar de una cualidad deseada para los profesionales.
Su análisis refleja una preocupación crítica sobre el proceso de selección de funcionarios de alto nivel en el país y la necesidad de recuperar la integridad y la independencia en estas elecciones.
