Tegucigalpa – La empresaria y experta en ingeniería, Anabel Gallardo, asumió el jueves la presidencia del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) para el periodo 2024-2026, en una ceremonia donde fue elegida y juramentada como líder de la nueva junta directiva.
En su primer discurso como presidenta, Gallardo expresó su agradecimiento por la confianza depositada en ella, comprometiéndose a responder con responsabilidad y amor por Honduras, valores que la caracterizan.
Destacó su trayectoria como la primera mujer en dirigir la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, con una formación académica en la Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, y experiencia internacional en áreas como alimentación animal y economía.
Resaltó la importancia del papel de los empresarios del COHEP en la generación de empleo como un medio efectivo para combatir y reducir la pobreza en la sociedad.
La asunción de Gallardo a la presidencia del COHEP ocurre en un momento en que Honduras enfrenta una situación de polarización debido a la falta de empleo, con proyecciones de aumento del desempleo del 5.52% según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el año 2024.
La elección de la nueva Asamblea General del COHEP, presidida por Gallardo, contó con la participación de 46 organizaciones miembros de la institución, quienes ratificaron el nombramiento de la junta directiva.
Tras dos años de liderazgo del empresario Mateo Yibrín Canahuati, Anabel Gallardo asume el cargo como la nueva presidenta del COHEP, marcando un cambio significativo en la dirección de la institución.
La nueva junta directiva estará conformada por Anabel Gallardo Ponce como presidenta, Daniel Antonio Fortín Chacón como secretario, José Sabillón Cruz como segundo secretario, Basilio Fuschich como director propietario, Jesús Canahuati como segundo director propietario, Rodolfo Dumas Castillo como tercer director propietario y Manuel Benancio Bueso como cuarto director propietario.
El COHEP desempeña un rol crucial en temas vitales para el desarrollo del país, incluyendo asuntos comerciales, legales, económicos, derechos humanos, equidad de género, salud, educación y desarrollo social, contribuyendo así a promover la seguridad jurídica necesaria para las inversiones tanto nacionales como extranjeras.
