Analista desmiente crisis ciudadana y señala a políticos como únicos responsables de tensión postelectoral

Luis León afirma que la población hondureña mantiene la calma mientras los actores políticos alimentan incertidumbre por "intereses de poder", criticando además fallas técnicas en plataforma electoral contratada por los partidos.

Tegucigalpa, Honduras.— El analista político Luis León desmintió categóricamente la existencia de una crisis social postelectoral en Honduras, señalando que la tensión actual es artificialmente creada por actores políticos que buscan mantener un clima de incertidumbre mientras avanza el conteo especial, en contraste con una ciudadanía que permanece tranquila esperando los resultados oficiales.

León reveló que los partidos políticos poseen las actas transmitidas y que una verificación aleatoria confirmó la coincidencia entre los documentos oficiales y los que manejan las organizaciones políticas, desestimando así las denuncias de irregularidades masivas que han caracterizado el discurso de algunos sectores durante el proceso de escrutinio especial.

El especialista cuestionó la lentitud del proceso actual, argumentando que el sistema de dos turnos de 12 horas implementado por el CNE debería permitir la conclusión del conteo de las 2,773 actas pendientes en un máximo de cuatro o cinco días. «En ese sentido, deberíamos estar teniendo resultados en un máximo de cuatro o cinco días», precisó León, sugiriendo que la demora responde más a factores políticos que técnicos.

La diagnosis de León identifica a los políticos como los verdaderos «ansiosos» del proceso, motivados por «un interés de poder o de cuota de poder», mientras caracteriza a la ciudadanía como paciente y desvinculada de la crisis artificial que intentan generar los actores partidarios. «Está claro que quienes quieren generar una crisis son los políticos; los ciudadanos estamos tranquilos», enfatizó el analista.

El experto dirigió críticas severas hacia la empresa ASD, contratada por consenso de los tres principales partidos para la transmisión de resultados, calificando su desempeño como deficiente y señalando que «la empresa no tenía capacidades». Esta falla técnica, según León, ejemplifica las consecuencias de «planificar elecciones a último momento» y la tendencia a la improvisación que caracteriza los procesos electorales hondureños.

Respecto a las demandas de algunos sectores para implementar un recuento «voto por voto», León aclaró que la legislación electoral hondureña no contempla este mecanismo, explicando que su implementación requeriría una decisión específica del pleno del CNE, ya que tampoco está contemplado en el reglamento de conteo de verificación o revisión de resultados.

El analista recordó que la Ley Electoral sí exige la verificación de actas, proceso que el CNE debería realizar de manera paralela al conteo especial, sugiriendo que las autoridades electorales están cumpliendo con sus obligaciones legales mientras enfrentan presiones políticas artificiales.

La evaluación de León concluye con una distinción clara entre la actitud ciudadana y la política: mientras el pueblo hondureño mantiene su rutina diaria y espera pacientemente los resultados oficiales, son los actores políticos quienes alimentan la desesperación y la incertidumbre por intereses particulares, desvinculando así a la sociedad civil de la crisis que algunos sectores intentan proyectar sobre el proceso electoral.

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