Tegucigalpa, Honduras – Una jueza federal de Estados Unidos declaró este miércoles 1 de enero de 2026 ilegal la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS) ordenada por el gobierno de Donald Trump para más de 60,000 inmigrantes originarios de Honduras, Nicaragua y Nepal, y restableció de inmediato las protecciones migratorias para estos grupos.
La magistrada Trina Thompson, del distrito federal de California, determinó que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, no siguió el procedimiento legal establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al ordenar la terminación del TPS.
“La terminación del TPS para Nepal el 6 de junio de 2025 y la de Honduras y Nicaragua el 7 de julio de 2025 fueron ilegales bajo la APA”, señaló la jueza en su fallo, al rechazar una solicitud del gobierno para desestimar la demanda presentada por beneficiarios del programa.
Thompson criticó que Noem redujo el periodo de transición tras la terminación del TPS a solo 60 días, en lugar de seguir la práctica histórica del DHS, que usualmente otorga plazos más amplios. Además, consideró que la decisión fue “predestinada”, sin un análisis genuino de las condiciones en los países afectados.
Los demandantes, muchos de ellos con décadas de residencia en EE.UU., argumentaron que la cancelación del TPS respondía a una “animosidad racial” y dejó a miles en riesgo de deportación inmediata, pese a que sus naciones de origen siguen enfrentando crisis humanitarias, inestabilidad o efectos persistentes de desastres naturales.
Organizaciones defensoras de los derechos migrantes celebraron la decisión. Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratorios de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), afirmó: “La decisión judicial de hoy restaura las protecciones del TPS para miles de migrantes, y los empleadores están legalmente obligados a reconocer sus documentos de autorización de trabajo”.
El TPS es un beneficio humanitario que permite a ciudadanos de países en emergencia —por guerras, desastres naturales u otras crisis graves— permanecer y trabajar legalmente en EE.UU., sin temor a la deportación.
Para Honduras, el TPS fue otorgado originalmente tras el huracán Mitch en 1998, y desde entonces ha sido renovado repetidamente debido a la persistente inestabilidad social, económica y ambiental.
Con esta sentencia, los más de 60,000 beneficiarios —incluidos decenas de miles de hondureños— recuperan su estatus legal y su derecho a trabajar, en un fallo que refuerza el principio de que las decisiones migratorias deben basarse en evidencia, no en agendas políticas.
