Choloma, Cortés, Honduras. — Decenas de aportantes de Koriun Inversiones se reunieron este sábado en una asamblea en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, donde tomaron la decisión unánime de retomar las protestas en Tegucigalpa a partir de la próxima semana.
Rosa, una de las afectadas que participó en el encuentro, expresó su frustración y agradecimiento parcial: “Estamos agradecidos porque ya fuimos recibidos en el nuevo Congreso Nacional, pero no es suficiente. Hace 10 meses esperamos respuestas, por lo que vamos a protestar otra vez en la capital”.
La mujer evitó dar detalles específicos sobre las acciones planeadas, limitándose a confirmar que las manifestaciones se realizarán en la capital hondureña.
Koriun Inversiones comenzó operaciones en 2018 en San Pedro Sula, pero su expansión se disparó en 2024, especialmente en Choloma y otras ciudades del interior como Juticalpa, Choluteca, Danlí, Santa Rosa de Copán, La Entrada y Santa Bárbara.
La empresa captó miles de personas —muchas de ellas exempleados de maquilas golpeados por el desempleo y la crisis económica— que invirtieron sus prestaciones laborales o incluso solicitaron préstamos bancarios con un mínimo de 2,500 lempiras para convertirse en “socios”.
Con recibos sellados y la mención de una supuesta empresa Mubadala que invertía en oro y petróleo, prometían recuperar el capital en cinco meses junto con rendimientos exorbitantes. El eslogan “Juntos crecemos más” y una intensa campaña en TikTok —con videos editados, testimonios emotivos y marketing agresivo— generaron una fiebre de inversión que se extendió rápidamente.
Sin embargo, las alertas surgieron en febrero de 2025, cuando la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) advirtió que Koriun no estaba regulada y que los fondos no contaban con protección del Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE).
El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) allanaron las oficinas de la empresa en todo el país, confirmando que operaba bajo un esquema Ponzi: los pagos a socios antiguos se hacían con dinero de los nuevos, sin generar ganancias reales.
Durante la intervención se aseguraron 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones en cuentas bancarias congeladas, sumando cerca de 428 millones en total. Las investigaciones indican que el monto manejado podría ser mucho mayor y que parte del dinero fue transferido al exterior.
Los aportantes, muchos de los cuales perdieron sus ahorros de toda la vida, exigen ahora una respuesta concreta del Estado: recuperación de fondos, justicia contra los responsables y medidas que eviten que otros caigan en esquemas similares.
Con la asamblea de Choloma como punto de inflexión, las protestas en la capital buscan presionar por avances en las investigaciones y una solución real para las miles de familias afectadas.
