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Aprueban en su totalidad ley especial para elegir a miembros de nuevos organismos electorales

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Tegucigalpa. -El Congreso Nacional aprobó este jueves en su totalidad los 44 artículos de la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales, Atribuciones, Competencias y Prohibiciones, que permitirá elegir los cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Los 44 artículos que permiten establecer el reglamento de los entes electorales y que abre el espacio para que se proceda a realizar el proceso de escogencia de los concejales fueron aprobados casi por unanimidad de votos en el pleno del hemiciclo legislativo.

En ese sentido, el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, agradeció a los diputados por haber llegado a acuerdos y aprobar la ley especial.

“Gracias nuevamente, ha primado la razón, ha primado el interés por el país, el compromiso por una Honduras mejor, por devolverle a este país de alguna medida, paz, tranquilidad, sosiego”, apuntó Oliva.

“Ha primado la civilidad y es algo que creo, todos estamos en deuda con el país y hoy creo es el inicio del transito por una senda que nos va a llevar a mejores estadios de legislación, de armonía, obviamente siempre con el privilegio de disentir, pero lo podemos hacer con altura y racionalidad”, agregó.

“Mi profundo agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, son ustedes muy amables”, concluyó.

De acuerdo al decreto, el CNE estará integrado por tres consejeros propietarios y dos consejeros suplentes.

Los funcionarios de esa institución estatal “Deberán ser electos por el voto afirmativo de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional, por un período de cinco años, pudiendo ser reelectos”.

El CNE tiene como responsabilidad –indica la iniciativa-, emitir los reglamentos necesarios para los procesos electorales, ya sea en sondeos de opinión, así como de los centros de información electoral, y voto en el exterior.

Por su parte, el TJE, es uno de los órganos que se creó a inicios del 2019, por lo que el decreto establece que “Es la máxima autoridad en materia de justicia electoral”.

Como atribución este órgano tendrá que establecer políticas para que la impartición de justicia electoral se realice de conformidad con los principios de efectividad, prontitud, completitud, gratuidad y de forma expedita –agrega el proyecto de ley.

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