Ciudad de Guatemala, Guatemala.— La próxima decisión que marcará el rumbo de la justicia guatemalteca se toma a puerta cerrada. El presidente Bernardo Arévalo inició este martes el proceso de entrevistas individuales con los seis candidatos para ocupar la Fiscalía General de la República, un procedimiento bajo estricta reserva que definirá quién liderará la persecución penal del país durante los próximos cuatro años.
El mandatario busca, a través de encuentros privados con cada postulante, evaluar sus perfiles y propuestas, con el objetivo de restaurar la autonomía de una institución que, según expresó, ha sido «cooptada por redes político-criminales para generar impunidad, criminalizar a personas y llevar a cabo persecuciones motivadas política o espuriamente». Una declaración que establece el tono de lo que espera del próximo titular del Ministerio Público.
La serie de entrevistas se desarrolla del martes 28 al jueves 30 de abril, con la presencia de los seis profesionales que integran la nómina final remitida por la Comisión de Postulación. El calendario se dispuso conforme al orden de votos obtenidos por cada candidato en la Comisión, lo que determinó la secuencia de los encuentros privados.
El cronograma oficial establece que el martes 28 de abril se presentaron Gabriel Estuardo García Luna a las 15:00 y Beyla Adaly Estrada Barrientos a las 17:00. El miércoles 29 acudieron Carlos Alberto García Alvarado a las 15:00 y César Augusto Ávila Aparicio a las 17:00. Por último, el jueves 30 asisten Julio César Rivera Clavería a las 15:30 y Néstor Guilebaldo de León Ramírez a las 17:30.
Durante las entrevistas, se pregunta a cada candidato por su propuesta para recuperar la autonomía del Ministerio Público. «Necesitamos una Fiscalía General que cumpla con sus funciones tal y como están establecidas en la Constitución y en la ley, de manera independiente, autónoma y apegada a la legislación», explicó Arévalo, al subrayar que la institución no debe plegarse a intereses políticos o criminales.
La designación del futuro fiscal general es una de las principales decisiones del Ejecutivo, ya que el seleccionado estará a cargo de la persecución penal y de garantizar el funcionamiento independiente de la principal institución judicial del país. Arévalo sostuvo que la selección debe priorizar el profesionalismo y el apego a la legalidad, rechazando toda injerencia política.
Esta etapa se produce tras confirmarse que varias impugnaciones contra la nómina final de candidatos no afectaron la legalidad del proceso. La inclusión de la sexta aspirante, conforme dispuso la Comisión de Postulación de acuerdo al puntaje obtenido, reafirma que la deliberación presidencial considera tanto la evaluación formal previa como el contacto directo entre el jefe del Estado y cada postulante.
Para los observadores del sistema de justicia, este proceso representa una oportunidad de resetear la institucionalidad del Ministerio Público; para la ciudadanía, la expectativa es que la selección responda a méritos técnicos y no a cálculos políticos.
Mientras concluyen las entrevistas y el presidente evalúa los perfiles, el mensaje que queda en el aire es claro: la independencia judicial no se decreta, se construye con funcionarios íntegros y decisiones blindadas frente a presiones externas. Porque al final, más allá de los nombres y las agendas, lo que importa es que Guatemala tenga una Fiscalía que persiga el delito con justicia, sin convertir la ley en un instrumento de venganza o impunidad.
