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Arrestan a funcionario judicial y a su madre por corrupción y otros cargos

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Tegucigalpa – En una operación conjunta entre la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), se llevaron a cabo órdenes de captura contra Lenard Francisco Matamoros García, receptor II del Circuito Anticorrupción en Tegucigalpa, y su madre, María Reina García Cruz.

El funcionario judicial enfrenta cargos que incluyen revelación de secretos, cohecho, juegos de azar no autorizados y lavado de activos.

Las detenciones se llevaron a cabo en la colonia San José de la Pena y la Residencial Las Uvas de Comayagüela, donde se encontraron elementos vinculados a los delitos imputados. Además, se solicitó la citación de Dina Emérita Murcia García.

Durante los allanamientos, realizados por orden del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, se incautó un bien inmueble en Residencial Las Uvas, perteneciente al abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios (fallecido).

La escritura pública de compraventa de esta propiedad fue alterada por un pariente del notario autorizante y luego vendida a la madre del funcionario judicial por menos del 20% de su valor comercial.

Las investigaciones se iniciaron en 2019, cuando la extinta MACCIH-UFECIC identificó que desde el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Corrupción se facilitaba información privilegiada a los investigados, afectando las diligencias judiciales y las capturas. Se detectaron entregas de dinero a cambio de información en al menos dos ocasiones.

El análisis financiero reveló un aumento significativo en los ingresos de Matamoros García al iniciar sus labores en el circuito anticorrupción. Se registraron al menos 165 depósitos en efectivo a través de cajeros automáticos, sumando un total de L2,063,800.00.

Se identificó el uso de depósitos y la explotación de juegos de azar no autorizados, operando como un casino clandestino mediante aplicaciones como WhatsApp y PÓKER.

Unos 213 jugadores realizaron apuestas a través de transferencias bancarias a la cuenta personal del funcionario judicial, sumando aproximadamente dos millones de lempiras.

La audiencia inicial está programada para el martes 19 de diciembre.

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