Tegucigalpa. – El caso de fraude que involucra al diputado nacionalista Nelson Márquez ha tomado un rumbo inesperado este martes. El Ministerio Público (MP), la misma entidad que presentó la acusación, ha solicitado al juez de la causa que se dicte arresto domiciliario para Márquez y los otros cuatro imputados: Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, el juez Raymond Esaú Gradiz y Eva Vásquez.
– La petición, confirmada por el Poder Judicial, podría permitir que los acusados de drenar más de 3,000 millones de lempiras regresen a sus hogares esta misma noche.
«No son las defensas las que han solicitado el arresto, es el propio Ministerio Público», confirmó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, subrayando la naturaleza inusual de la petición.
Tras la audiencia inicial, el juez que conoce el caso se retiró para deliberar y se espera que emita una resolución en las próximas horas, la cual podría permitir que los cinco imputados regresen a sus hogares esta misma noche. Silva también adelantó que, de confirmarse el proceso, Nelson Márquez podría ser suspendido de su cargo como legislador en el Congreso Nacional.
La Trama del Fraude Millonario
Según el requerimiento fiscal, los imputados son parte de una compleja red que supuestamente drenó 3,084 millones de lempiras del Estado a través de demandas ilegales.
El origen del caso se remonta a los contratos de reconstrucción posteriores al huracán Mitch en el año 2000. El Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., que a su vez subcontrató de forma presuntamente irregular a la empresa hondureña NAINSA.
Años después, ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que, según la Fiscalía, nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia.
La acusación detalla que en enero de 2020, Nelson Márquez, en su entonces cargo de secretario de SEDECOAS, remitió un informe a la Procuraduría General de la República recomendando firmar un acuerdo ejecutivo con NAINSA para evitar una «erogación mayor», lo que llevó a la suscripción de un convenio extrajudicial por pagos millonarios.
Posteriormente, en 2022, el juez Raymundo Gradiz, también imputado, admitió otra demanda millonaria contra el Estado, a pesar de que ya existían resoluciones que declaraban la nulidad del laudo arbitral original. La Fiscalía sostiene que los jueces implicados continuaron ordenando pagos al margen de la ley.
Este caso se desarrolla en un ambiente de alta tensión política, a pocos meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, y su desenlace es seguido de cerca por la opinión pública.
