Tegucigalpa – Francisco Martínez Domínguez, alcalde de San Isidro de Intibucá, fue brutalmente asesinado a balazos este miércoles en el barrio Zaragoza del municipio de Siguatepeque, convirtiéndose en otra víctima de la escalada criminal que azota Honduras.
El edil de 45 años fue secuestrado cuando desconocidos lo subieron por la fuerza a un vehículo, para posteriormente ejecutarlo y abandonar su cuerpo sin vida cerca de un campo de fútbol en la zona central del país. El crimen evidencia la creciente vulnerabilidad de los funcionarios públicos ante la violencia criminal que cobra un promedio de seis vidas diarias en Honduras, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).
Este asesinato representa la culminación de una campaña de intimidación contra Martínez Domínguez, quien días atrás había sobrevivido a un atentado criminal en su contra del cual salió ileso. La persistencia de los agresores hasta lograr ejecutar el crimen sugiere motivaciones profundas que las autoridades deberán investigar.
El funcionario municipal tenía antecedentes judiciales, ya que hace una década enfrentó un proceso penal por la muerte del novio de una de sus hijas, identificado como Ángel Gómez, un caso que marcó su trayectoria aunque logró continuar en el servicio público.
El asesinato del alcalde de San Isidro de Intibucá se suma a la crisis de violencia que ha convertido a Honduras en uno de los países más peligrosos de la región, donde funcionarios públicos enfrentan amenazas constantes del crimen organizado.
La sofisticación del operativo criminal, que incluyó secuestro y ejecución, plantea serias interrogantes sobre la capacidad del Estado para proteger a sus representantes electos.
Las autoridades investigativas deberán determinar si este crimen responde a conflictos locales, resistencia del funcionario a demandas criminales, o forma parte de una estrategia más amplia de intimidación contra autoridades municipales que desafían intereses del crimen organizado.
