Tegucigalpa – En una reacción que evidencia tensiones entre el poder legislativo y los organismos de sociedad civil, el asesor del Congreso Nacional, René Adán Tomé, intentó desacreditar el reciente informe que denuncia graves irregularidades en los procesos de compras y contrataciones del hemiciclo legislativo.
La respuesta de Tomé comenzó con una confusión sobre el origen del documento. «El informe que leí no era de la ASJ, sino del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). A menos que ambas hayan presentado la misma denuncia, hago la aclaración», expresó inicialmente, evidenciando un aparente desconocimiento sobre el contenido específico de las acusaciones que pretendía rebatir.
Sin embargo, lejos de detenerse en esta imprecisión, el asesor continuó su argumentación atacando la legitimidad de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ). «Si viene de ASJ, igual es otra organización sin fines de lucro, una asociación civil que no tiene un vínculo directo con el Estado», afirmó, en un intento por restar credibilidad a los hallazgos presentados por la organización.
El asesor cercano al presidente del Congreso, Luis Redondo, estableció una distinción entre el CNA, que fue creado por decreto legislativo y recibe fondos públicos, y organizaciones como la ASJ, que operan con independencia del aparato estatal. Esta diferenciación, según Tomé, sería suficiente para desestimar la validez de las denuncias sobre opacidad y arbitrariedad en los procesos de contratación legislativos.
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Abrir en una nueva pestaña En un tono particularmente crítico hacia la metodología de trabajo de estas organizaciones, Tomé reprochó: «Ellos tienen una asamblea donde deberían conocerse estas investigaciones. Pero en vez de eso, las hacen públicas con la intención de presionar o desprestigiar a los funcionarios públicos. Ese no es el espíritu con el que deben operar este tipo de organizaciones».
El funcionario legislativo profundizó en su argumento cuestionando la competencia legal de la ASJ para realizar este tipo de investigaciones. «Ellos no son órganos competentes del Estado. Son personas jurídicas particulares, y no tienen la autoridad de realizar investigaciones oficiales», puntualizó, sugiriendo que solo entidades estatales estarían facultadas para fiscalizar el uso de recursos públicos.
La ASJ, por su parte, ha defendido consistentemente su rol como organización de vigilancia ciudadana, reiterando en múltiples ocasiones que su labor de auditoría y fiscalización del gasto público forma parte esencial de su compromiso con la transparencia y la lucha anticorrupción en Honduras.
El intento de desacreditar a las organizaciones fiscalizadoras por parte de funcionarios públicos ha sido identificado por expertos en transparencia como una táctica recurrente para evadir el escrutinio sobre el manejo de recursos estatales, especialmente cuando las denuncias señalan irregularidades significativas.
El informe en cuestión, que documenta presuntas arbitrariedades en los procesos de compras y contrataciones del Congreso Nacional, se suma a una serie de señalamientos sobre la gestión administrativa del actual presidente del Legislativo, Luis Redondo, quien ha enfrentado cuestionamientos sobre diversos aspectos de su administración.
