Tegucigalpa, Honduras. – El presidente Nasry Asfura anunció este miércoles que su Gobierno presentará ante el Congreso Nacional un proyecto de Ley Anticorrupción, actualmente en proceso de consenso con distintos sectores del país.
La iniciativa, según explicó el mandatario, busca fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, control y combate a la corrupción, dentro de una agenda más amplia orientada a mejorar la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza en el Estado.
“Dentro de pronto les vamos a presentar la Ley Anticorrupción, la ley que tenemos que fortalecerla todos, que la estamos consensuando con empresa privada a través del Cohep, la sociedad civil, con la Corte Suprema de Justicia, con el Ministerio Público”, precisó Asfura.
El anuncio fue realizado durante su participación en el evento “Honduras: Hacia una Competencia Efectiva”, donde el gobernante vinculó la lucha contra la corrupción con la necesidad de contar con instituciones sólidas, reglas claras y respeto a la independencia de poderes.
Asfura sostuvo que la estabilidad política es indispensable para construir seguridad jurídica y generar confianza tanto dentro como fuera del país.
“Si nosotros, los políticos, no entendemos que debemos encauzarnos en esa seguridad política que debemos darle al país, de la que se deriva la seguridad jurídica y todo lo que queremos en seguridad, va a ser muy difícil que Honduras salga adelante”, enfatizó.
El mandatario señaló que el funcionamiento adecuado del Estado requiere respetar las competencias de cada poder y de las instituciones responsables de fiscalizar la gestión pública.
En ese sentido, mencionó al Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República (PGR), el Tribunal Superior de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública.
“El respeto a la independencia de poderes: Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, la PGR. Si nosotros respetamos esa independencia de poderes, respetamos a los entes contralores del país, a un Tribunal Superior de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública, el país va a cambiar”, apuntó.
Asfura también afirmó que su administración rendirá cuentas sobre las iniciativas respaldadas por el Congreso Nacional, entre ellas la compra de maquinaria y el fideicomiso utilizado para acciones en el sistema de salud.
“Así le vamos a rendir cuentas a esa confianza que nos han dado”, señaló.
Como parte del ordenamiento del aparato estatal, el presidente informó que durante su administración se han cerrado 16 instituciones del Estado.
Además, adelantó que el próximo año se evaluará si otras dependencias deben ser reducidas o eliminadas.
“Dieciséis instituciones del Estado hemos cerrado. Vamos a analizar el próximo año cuántas más vamos a cerrar”, indicó.
El mandatario también destacó medidas orientadas a ordenar las finanzas públicas y revisar proyectos que permanecían durante años en cartera de organismos financieros internacionales sin condiciones para ser ejecutados.
“Estamos sosteniendo nuestro déficit fiscal. Tenemos un comportamiento serio en nuestras finanzas. Desobligamos 680 millones de 3 mil 387 millones de lempiras que teníamos en la banca: BID, BCIE, Banco Mundial, CAF, JICA. Desobligamos porque son proyectos que no podemos cumplir, proyectos que tienen muchos años de estarlos teniendo en cartera”, explicó.
Para Asfura, la futura Ley Anticorrupción, el respeto a las instituciones y el ordenamiento del Estado forman parte de una tarea que debe trascender un solo período presidencial.
“No se construye en cuatro años, se construye en mucho tiempo. Pero para eso nos necesitamos todos, especialmente nosotros los políticos, para que nos podamos ordenar y ver un futuro claro para Honduras”, concluyó.
El anuncio coloca la lucha contra la corrupción como uno de los próximos debates legislativos del Gobierno, en un momento en que el Ejecutivo busca construir consensos con sectores privados, sociales e institucionales para presentar una propuesta que fortalezca los controles públicos y la confianza en la administración estatal.
