Tegucigalpa, Honduras. – Mientras el gobierno de Xiomara Castro y el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo ejecutan maniobras desesperadas para revertir su victoria electoral, el presidente electo Nasry Asfura consolida esta semana el respaldo de la comunidad internacional mediante una gira por Washington e Israel donde sostiene reuniones de alto nivel que lo posicionan como el interlocutor legítimo de Honduras ante potencias mundiales.
La paradoja es evidente: mientras en Tegucigalpa el oficialismo sanciona decretos legislativos cuestionados, amenaza con usurpar funciones del Consejo Nacional Electoral y remite informes al Ministerio Público para criminalizar autoridades electorales, Asfura es recibido en el Departamento de Estado por el secretario Marco Rubio, en el Banco Interamericano de Desarrollo por sus vicepresidentes, y por el American Jewish Committee antes de viajar al Estado de Israel.
El contraste geopolítico resulta demoledor para el gobierno de Castro: cada intento interno de deslegitimar a Asfura es contrarrestado por un pronunciamiento internacional que reconoce su victoria; cada decreto legislativo que ordena desconocer la declaratoria del CNE es respondido con advertencias de «severas consecuencias» por parte de Estados Unidos, o exigencias de transición «pacífica, segura y transparente» del Reino Unido.
La crisis institucional hondureña alcanzó su punto crítico cuando una Comisión Permanente ilegal del Congreso convocó el 9 de enero a una sesión extraordinaria donde una minoría de diputados de Libre, sin alcanzar el quórum de 86 votos requerido constitucionalmente, aprobó el decreto 58-2025 que ordena al CNE realizar un recuento «voto por voto» de las 19,167 urnas, o que el Poder Legislativo asuma directamente esa función.
Castro sancionó el decreto apenas horas después y lo publicó inmediatamente en La Gaceta, pese a que el 18 de diciembre había declarado públicamente que respetaría los resultados del CNE, evidenciando un giro radical impulsado por su esposo Manuel Zelaya, coordinador general de Libre, quien no acepta la derrota de la candidata oficialista Rixi Moncada ante Asfura en los comicios del 30 de noviembre.
Redondo formalizó la amenaza mediante carta donde advirtió que las decisiones del Congreso publicadas en La Gaceta son de «obligatorio cumplimiento» para todas las instituciones, y este martes remitió al Fiscal General Johel Zelaya un informe solicitando acciones penales, enjuiciamiento y condenas contra responsables de supuestas irregularidades electorales, ejecutando así estrategia multidimensional: decreto legislativo, amenaza de usurpación y criminalización judicial.
Pero el plan oficialista enfrenta un obstáculo insalvable: el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio Ardón, quien confirmó de manera reiterada que «el 27 de enero tendremos nuevo presidente», mientras negó categóricamente haber recibido orden de Redondo para trasladar el material electoral custodiado militarmente en el Instituto Nacional de Formación Profesional.
Sin cooperación de las Fuerzas Armadas para mover las urnas, resulta materialmente imposible que el Congreso ejecute el recuento que amenaza realizar, convirtiendo al general Valerio en la pieza clave que garantiza la transición constitucional frente a intentos de revertir resultados certificados por el CNE y avalados por misiones de observación internacional.
La comunidad internacional respondió con pronunciamientos sin precedentes. Estados Unidos advirtió que los intentos de revertir ilegalmente los resultados donde votaron 3.8 millones de hondureños tendrán «serias consecuencias»; el Reino Unido exigió respeto a la declaratoria del CNE; la Unión Europea expresó su «plena disposición para trabajar» con Asfura mientras condenó actos de violencia política; y ocho naciones latinoamericanas rechazaron el decreto legislativo.
La OEA caracterizó las acciones del oficialismo como conspiración para impedir alternancia del poder, rechazando la criminalización de consejeros del CNE mediante el Ministerio Público y validando que las misiones de observación confirmaron que los resultados reflejan la voluntad popular expresada en urnas.
En medio de este escenario convulsionado, Asfura ejecutó una gira diplomática estratégica donde consolidó relaciones con actores clave para su futura administración. En Washington sostuvo reuniones con Rubio, quien destacó prioridades compartidas en lucha contra delincuencia, promoción de inversión y fortalecimiento de gobernabilidad democrática; con la subsecretaria de Estado Allison M. Hooker; con el secretario de Comercio Howard Lutnick, quien expresó compromiso con comercio bilateral y atracción de inversión.
El presidente electo también fue recibido en la sede del BID por los vicepresidentes Ana María Ibáñez y Jordan Schwartz, avanzando en áreas prioritarias de colaboración con el principal banco de desarrollo latinoamericano, fundamental para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo social que requerirá el nuevo gobierno.
La reunión con el American Jewish Committee Latinoamérica, encabezada por Dina Siegel Vann y Daniela Greene, preparó el terreno para la visita a Israel, donde Asfura busca establecer acercamiento por adelantos en agricultura y tecnología de seguridad, sectores prioritarios para su administración que enfrenta desafíos en producción alimentaria y combate al crimen organizado.
La gira internacional de Asfura envía un mensaje inequívoco: mientras el oficialismo hondureño se hunde en el aislamiento diplomático producto de sus maniobras antidemocráticas, el presidente electo construye puentes con Estados Unidos, Europa, organismos multilaterales e Israel, posicionándose como líder que cuenta con respaldo de la comunidad internacional para gobernar a partir del 27 de enero.
El contraste político resulta abrumador: Castro y Redondo convocan consejos de ministros para ordenar recuentos ilegales y remitir informes al Ministerio Público para criminalizar al CNE; Asfura es recibido por secretarios de Estado y presidentes de bancos multilaterales que expresan disposición a trabajar con su administración en beneficio del desarrollo hondureño.
Dentro de Honduras, sectores institucionales resisten el intento de autogolpe. La presidenta del CNE Ana Paola Hall denunció «sabotaje sin precedentes» y «confabulación» de sectores políticos, advirtiendo que el material electoral «no puede ser tomado por la fuerza» y que el organismo se mantendrá firme pese a la «embestida violenta del oficialismo».
Más de 70 diputados opositores aprobaron por unanimidad una resolución ordenando a instituciones desconocer el decreto 58-2025, mientras cuatro recursos interpuestos ante la Sala Constitucional cuestionan la legalidad del decreto por violar procedimientos parlamentarios, carecer del quórum constitucional requerido e invadir competencias exclusivas del CNE.
Seis exfuncionarios del CNE —Roberto Callejas, Flavio Nájera, Denis Gómez, Jacobo Hernández, Kelvin Aguirre y Germán Lobo— invocaron el artículo 272 de la Constitución exhortando a las Fuerzas Armadas a custodiar el material electoral, y solicitaron a misiones de observación internacional que regresen a Honduras ante el «riesgo de asalto al poder» desde los propios poderes del Estado.
El Tribunal de Justicia Electoral inició el recuento jurisdiccional legítimo de 66 casos con actas inconsistentes, diferenciándose del recuento político ilegal que pretende el Congreso, con la magistrada Miriam Barahona exhortando a las FFAA «que no les fallen» y advirtiendo «no vengan a exigir más de lo que la ley nos manda», mensaje que aplica tanto a candidatos como al Legislativo que pretende ordenar escrutinios más allá de sus atribuciones.
A 15 días de la transición constitucional del 27 de enero, Honduras vive una cuenta regresiva donde dos realidades paralelas se desarrollan simultáneamente: en el plano interno, las Fuerzas Armadas custodian el material electoral garantizando que no será entregado al Congreso para ejecutar el recuento ilegal; en el plano internacional, Asfura construye la arquitectura diplomática y financiera que sostendrá su gobierno.
