Tegucigalpa, Honduras.— El privilegio tiene fecha de caducidad. Este jueves, el presidente Nasry Asfura derogó el acuerdo ejecutivo que otorgaba pasaportes diplomáticos vitalicios a exfuncionarios de la Cancillería y sus cónyuges, poniendo fin a un beneficio que fue calificado por fuentes del Ejecutivo como un claro abuso de poder cometido por el excanciller Eduardo Enrique Reina en los últimos días de su gestión.
La decisión presidencial declara la nulidad absoluta del reglamento de 15 artículos aprobado por la Cancillería el 6 de mayo de 2025 y publicado el 14 de junio de ese mismo año en el diario oficial La Gaceta. Con esta medida, el beneficio de los pasaportes vitalicios vuelve a reducirse exclusivamente a los expresidentes de los tres poderes del Estado, tal como lo establece el reglamento de 1998 que ahora recupera su vigencia plena.
El contexto de la aprobación original genera interrogantes. El reglamento fue aprobado apenas 25 días antes de que Enrique Reina abandonara la Cancillería para postularse como aspirante a designado presidencial en la planilla de Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre).
En ese lapso, el entonces canciller extendió el beneficio no solo a los presidentes de los tres poderes y sus esposas, sino también a cancilleres, vicecancilleres y sus cónyuges, ampliando significativamente el círculo de personas con acceso a este documento privilegiado.
Los pasaportes diplomáticos conceden ventajas considerables: exoneración de impuestos aeroportuarios, atención privilegiada en servicios migratorios y aduaneros, la prebenda de no hacer fila como el común de los ciudadanos y la exención de revisión de equipaje. Beneficios que, bajo el reglamento derogado, quedaban a disposición de una «casta» de exfuncionarios y sus allegados de manera vitalicia.
Con la derogación anunciada por Asfura, ese círculo se cierra. Solo los extitulares de los poderes del Estado conservan el derecho al pasaporte diplomático vitalicio, restableciendo un criterio más restrictivo y alineado con la normativa previa. Una decisión que, según observadores, busca enviar un mensaje de austeridad y transparencia en el manejo de prerrogativas estatales.
La medida se enmarca en un esfuerzo del gobierno actual por revisar beneficios heredados que, a su juicio, respondían a lógicas de privilegio más que a necesidades institucionales. En ese sentido, la anulación del reglamento de 2025 representa un paso hacia la simplificación de ventajas asociadas al ejercicio de cargos públicos, limitándolas a quienes realmente han ocupado las máximas responsabilidades del Estado.
Para los exfuncionarios que habían sido beneficiados por el reglamento de Reina, la derogación implica la pérdida de un estatus que facilitaba sus viajes y gestiones internacionales. Para la ciudadanía, en cambio, la decisión refuerza la idea de que los privilegios asociados al poder no deben extenderse indefinidamente más allá del periodo de gestión.
Mientras el Ejecutivo avanza en la implementación de esta medida, la pregunta que permanece es si otras prerrogativas similares serán revisadas en el futuro. Por ahora, el mensaje del gobierno es claro: los pasaportes diplomáticos vitalicios no son un derecho adquirido por pertenecer a una red política, sino un reconocimiento limitado a quienes han servido en la cúspide del Estado.
Con esta derogación, Asfura cierra un capítulo polémico de la gestión anterior y reafirma un principio que, para muchos, debería ser la norma: en un sistema democrático, los privilegios deben ser la excepción, no la regla.
